La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el “Z-40”, interpuso una moción en la Corte de Distrito de Columbia en la que acusa al Departamento de Justicia de imponerle medidas restrictivas que limitan su comunicación y lo mantienen en una celda en solitario, lo que considera “medidas punitivas disfrazadas de administrativas”.
¿Qué medidas se le impusieron al “Z-40”?
Según el documento presentado por su defensa, Treviño Morales fue sometido a medidas administrativas especiales tras su llegada a Estados Unidos en febrero de 2025. El Departamento de Justicia argumentó que el exlíder del cártel podría comunicar mensajes hacia el exterior para promover actividades criminales.
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La defensa sostiene que no existen pruebas de este señalamiento y que las restricciones representan un castigo encubierto más que una medida preventiva.
¿En qué condiciones se encuentra en prisión?
El escrito detalla que actualmente:
- Solo puede realizar una o dos llamadas al mes a su esposa e hijas.
- En los últimos 274 días ha tenido apenas 16 comunicaciones por video, de hasta 20 minutos cada una.
- Se encuentra aislado de la población, en una celda sin ventana y ubicada en un pasillo apartado.
- No tiene acceso a radio ni televisión en español.
- Es trasladado encadenado de pies y manos cada vez que acude al baño, al área de recreación o a la sala de reuniones con su abogado.
- La luz permanece encendida las 24 horas en su celda.
- Sus alimentos se le entregan en la celda, restringidos a tres comidas al día.
¿Qué argumenta la defensa?
El abogado de Treviño Morales asegura que estas condiciones vulneran sus derechos básicos y limitan su capacidad de defensa. Considera que las medidas buscan aislarlo socialmente y generar un desgaste físico y emocional, más allá de lo que corresponde a una medida administrativa.
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¿Cuál es el trasfondo del caso?
Treviño Morales, alias el “Z-40”, fue uno de los líderes más visibles de los Zetas, grupo criminal que operó en México durante la última década. Tras su extradición a Estados Unidos, enfrenta procesos judiciales relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
La defensa busca que se revisen las medidas administrativas especiales y que se garantice un trato conforme a los derechos humanos y al debido proceso.
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