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Ciudad de México.- Luego de la controversia generada por la adquisición de nuevas camionetas oficiales, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron no hacer uso de los vehículos Jeep Cherokee recientemente comprados y solicitar su devolución.
Cada unidad tiene un costo aproximado de 1.7 millones de pesos, sin considerar el blindaje, cuyo precio podría casi duplicar esa cifra. La compra había sido justificada por motivos de seguridad, la sustitución de unidades modelos 2019 y 2020, así como por un presunto ahorro en arrendamiento, mantenimiento y consumo de combustible.
La determinación fue dada a conocer este domingo a través de las redes sociales del máximo tribunal, donde también se anunció que las ministras y ministros ofrecerán una conferencia de prensa la mañana de este lunes para explicar con mayor detalle el alcance de la decisión.
En el mensaje difundido, la Corte señaló: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, añade.
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Compra de camionetas en la SCJN genera polémica
La polémica surgió luego de que el domingo pasado se revelara que los ministros habían comenzado a utilizar camionetas nuevas como parte del proceso de renovación del parque vehicular de la SCJN.
Las unidades fueron emplacadas en el estado de Morelos, lo que permitiría evitar el pago de la tenencia vehicular que se aplica en la Ciudad de México.
El hecho desató críticas en redes sociales, donde se cuestionó la congruencia del Poder Judicial con los principios de austeridad.
Un día después, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en el que argumentó que, en el marco de la conformación del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), se priorizó la contención del gasto público y el uso eficiente de los recursos, lo que derivó en la sustitución de vehículos que presentaban fallas constantes y riesgos en materia de seguridad.
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Instituciones del Poder Judicial arrendaban vehículos
De acuerdo con información oficial, entre 2022 y 2025 la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura de la Federación, operaron mediante un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, con un costo anual estimado en 366.2 millones de pesos.
En ese sentido, durante el último trimestre de 2025 se autorizó una inversión de 252 millones de pesos para la compra de 571 unidades, cifra equivalente al 68.8% del gasto de un solo año de arrendamiento.
Esta decisión permitiría un ahorro proyectado de 1,098 millones de pesos entre 2026 y 2028. La renovación contempla 124 vehículos híbridos o eléctricos, con una reducción estimada de hasta 30% en combustible y 70% en mantenimiento, además de atender riesgos de seguridad detectados y posibilitar la eventual venta de las unidades a valor de mercado.
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