Estado de México.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano ordenó este viernes la prisión preventiva justificada contra Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue detenido un día antes por autoridades federales, acusado por su presunta relación con grupos del crimen organizado, como lo es el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. De acuerdo con la acusación, el edil habría participado en la privación ilegal de la libertad de un candidato de Morena y su suplente, con el objetivo de forzarlos a abandonar la contienda electoral y facilitar que la candidatura fuera asignada a una persona cercana a sus intereses.
Mientras se define su situación legal, Rivera Navarro permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En caso de ser vinculado a proceso, esta condición se mantendría durante todo el desarrollo del juicio.
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Imputan a otros dos funcionarios del Ayuntamiento de Tequila, Jalisco
En el mismo expediente también fueron imputados Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública del municipio, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, titular de Catastro, ambos señalados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Las defensas de los tres acusados solicitaron la ampliación del plazo constitucional, pasando de 72 a 144 horas, para que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso penal.
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Diego Rivera habría privado de la libertad a precandidatos de Morena
Según información, los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 24 de marzo de 2021, cuando presuntamente fueron privados de la libertad los entonces precandidatos de Morena Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, en un restaurante del municipio de Tequila. La acusación señala que las víctimas fueron obligadas a firmar su renuncia a la postulación política.
El expediente señala que los imputados habrían planeado la acción con la finalidad de impulsar políticamente a Juan Gabriel Toribio Villarreal, quien, según la FGR, garantizaría lealtad tanto al alcalde como al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización con la que presuntamente mantenían vínculos.
La firma de las renuncias habría sido certificada por un notario de Jalisco, quien, de acuerdo con la investigación, operaba bajo instrucciones del mismo grupo criminal.
El delito de secuestro agravado fue atribuido únicamente a Diego Rivera Navarro y a Juan Manuel Pérez Sosa, debido a que presuntamente ordenaron la privación de la libertad de dos comerciantes del municipio, luego de que estos se negaran a pagar cuotas de extorsión para continuar con sus actividades comerciales.
Durante la diligencia judicial, el alcalde se abstuvo de rendir declaración. Con la ampliación del plazo constitucional concedida por el juez, será el próximo martes cuando se determine si Rivera Navarro y los demás imputados serán formalmente vinculados a proceso.
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