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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) restituyó tres propiedades ubicadas en el sur de la Ciudad de México a Sandra Ávila Beltrán, conocida como ‘La Reina del Pacífico’ y presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa.

Estos inmuebles habían sido asegurados desde 2003 en el marco de una investigación por delitos contra la salud.

¿Por qué le devolvieron los inmuebles a ‘La Reina del Pacífico’?

La devolución se concretó luego de que la FGR acreditó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la capital que ya se canceló el aseguramiento de tres viviendas localizadas en un condominio de la colonia San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Este proceso es el resultado de un amparo promovido por Ávila Beltrán, quien reclamó que las autoridades no habían cumplido con una orden emitida desde junio de 2014, en la que se instruía realizar los trámites necesarios para liberar dichos bienes.

La propia Fiscalía presentó documentación para demostrar que finalmente se atendió esa resolución.

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¿Cómo se desarrolló la batalla legal para recuperar las propiedades?

En 2025, la sinaloense volvió a recurrir a los tribunales para denunciar la falta de cumplimiento, pero en un primer momento la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros determinó cerrar el caso al considerar que ya existían acciones en marcha por parte de las autoridades.

No obstante, Ávila Beltrán impugnó esa decisión y el caso llegó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que revocó el fallo previo y ordenó reponer el procedimiento.

Fue en ese nuevo análisis donde la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud confirmó, con pruebas, que el aseguramiento de los inmuebles había sido cancelado.

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¿Cuáles han sido los procesos de Sandra Ávila Beltrán?

‘La Reina del Pacífico’ ha sido objeto de diversos procesos judiciales. En 2010 fue absuelta del delito de tráfico de cocaína por falta de pruebas, aunque en 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde se declaró culpable por cargos relacionados con drogas y recibió una condena de 70 meses de prisión.

Un año después, en 2013, fue deportada a México y recluida en un penal federal en Tepic. Permaneció ahí hasta febrero de 2015, cuando un tribunal colegiado revocó la sentencia que cumplía por lavado de dinero, lo que permitió su liberación.

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Con información de ‘El Universal’

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