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Ciudad de México.- En conferencia mañanerade este 30 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió a cuestionamientos sobre la solidez de su estrategia de seguridad, el respaldo a autoridades locales y el manejo legal de solicitudes de extradición vinculadas a funcionarios de Sinaloa.

Sheinbaum confirmó que sostuvo comunicación con el gobernador tras la difusión de las acusaciones, y reiteró que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas.

“Si no hay nada, pues no hay nada que temer”, expresó.

Indicó que, conforme al marco legal, incluso en el caso de un gobernador en funciones, primero tendría que llevarse a cabo un proceso como el desafuero si existieran elementos en su contra. Enfatizó que no se pueden realizar acusaciones sin evidencia, independientemente del partido político al que pertenezca el funcionario involucrado.

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¿Se mantiene firme la estrategia de seguridad en Sinaloa?

La mandataria aseguró que su gobierno continuará con el fortalecimiento de la seguridad en el estado, priorizando la protección de la población. Destacó la presencia de fuerzas federales y el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República para reforzar las capacidades institucionales en la entidad.

Además, rechazó la estigmatización hacia Sinaloa, al señalar que se trata de un estado con una población “extraordinaria” y de gran relevancia nacional. Subrayó que, ante el incremento de la violencia señalado en documentos recientes, su administración mantendrá acciones para garantizar la seguridad del ‘pueblo sinaloense’.

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¿Cómo se garantiza el Estado de Derecho ante estas acusaciones?

La presidenta insistió en que todas las decisiones deben apegarse al Estado de Derecho, sin excepciones. Señaló que la revisión inicial realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores no encontró pruebas en los documentos recibidos, aunque aclaró que será la Fiscalía la instancia responsable de determinar si existen elementos suficientes.

“Para actuar necesitamos pruebas contundentes, fehacientes en el marco del sistema penal acusatorio mexicano”, reiteró, destacando que la ley debe aplicarse por igual a todas las personas.

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