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México.- Durante años, el ahorro acumulado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ha sido considerado intocable. Sin embargo, un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara que esta protección no es absoluta. Bajo circunstancias específicas, estos recursos pueden ser utilizados para cumplir con obligaciones legales prioritarias.

La resolución aplica tanto para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y establece límites claros para evitar abusos.

¿En qué caso pueden embargar tu Afore?

El único escenario permitido por la ley es cuando se trata de garantizar el pago de una pensión alimenticia, especialmente en favor de menores de edad. La Corte determinó que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir sustento debe prevalecer sobre la protección del ahorro para el retiro.

Este criterio responde a un equilibrio entre dos principios: la seguridad financiera del trabajador a futuro y la obligación inmediata de cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

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¿Cuánto dinero pueden retirar de tu ahorro?

El embargo no puede ser total ni arbitrario. La cantidad que puede utilizarse está limitada a lo que el propio trabajador tendría permitido retirar en caso de desempleo.

Esto implica que se tomará el monto menor entre:

  • El equivalente a 75 días del salario promedio de los últimos cinco años.
  • El 10% del saldo acumulado en la subcuenta correspondiente.

Además, este acceso solo es posible después de cierto tiempo sin empleo, lo que sirve como referencia para calcular el monto disponible.

¿Qué condiciones deben cumplirse para aplicar el embargo?

Antes de autorizar cualquier medida, un juez debe verificar que la persona obligada no tenga empleo ni otros bienes para cumplir con la pensión.

El proceso sigue un orden: primero se revisan las aportaciones voluntarias y, si no son suficientes, se puede recurrir a la subcuenta de retiro, siempre respetando límites legales.

Finalmente, la institución correspondiente entrega los recursos de manera controlada, garantizando tanto el cumplimiento de la obligación como la protección parcial del ahorro del trabajador.

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