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Ciudad de México.- En un intento por frenar el impacto del encarecimiento internacional del crudo (petróleo), el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, renovó su entendimiento con empresarios del sector gasolinero para sostener un esquema de contención en los precios de los combustibles.
La estrategia mantiene como referencia que la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro en la mayoría del país, mientras que el diésel tendrá un límite nacional de 28.30 pesos por litro.
La Secretaría de Energía explicó que esta medida da continuidad a los acuerdos implementados previamente, los cuales han buscado estabilizar los costos mediante la cooperación entre autoridades y distribuidores, quienes han accedido a moderar sus márgenes de ganancia.
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¿Por qué el diésel requiere un ajuste especial?
A diferencia de la gasolina Magna, el diésel ha mostrado mayor vulnerabilidad frente a las variaciones del mercado global, lo que llevó a que en algunas zonas del país su precio rebasara los 30 pesos por litro.
Ante esto, el nuevo acuerdo contempla una reducción temporal para evitar efectos en cadena sobre el transporte de mercancías y pasajeros.
Días antes de concretar el pacto, la presidenta mexicana ya había adelantado la necesidad de renegociar con los gasolineros para disminuir aún más su costo. A inicios de abril, el precio promedio rondaba los 28.23 pesos por litro, cifra que, aunque menor a picos anteriores, seguía considerándose elevada por su impacto directo en la economía cotidiana.
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¿Cuál es el objetivo de esta estrategia en la economía y la inflación?
El objetivo central de estas medidas es contener el efecto del combustible en los precios generales.
El gobierno federal ha insistido en que el diésel influye directamente en los costos logísticos, lo que eventualmente se refleja en bienes y servicios.
Además, se destacó que sin herramientas fiscales como la reducción del IEPS, el precio de este combustible podría acercarse a los 35 pesos por litro, lo que habría generado presiones inflacionarias más severas.
Bajo este esquema voluntario, en el que participan empresas con distintas condiciones operativas, se busca amortiguar el impacto económico y mantener cierta estabilidad en el mercado energético nacional.
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