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Ciudad de México.- En conferencia ‘mañanera’ de este jueves 14 de mayo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reiteró su postura ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de quien aun no se tienen las pruebas solicitadas a Estados Unidos.
En ese sentido, la mandataria federal reveló que así como su administración exige pruebas para la entrega de 10 personas funcionarias, por presuntos nexos con el narcotráfico, el gobierno estadounidense también solicita las pruebas correspondientes de más de 30 casos de posible extradición desde EU a México.
Ante esto instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, para integrar y presentar un informe detallado sobre varios casos en los que autoridades estadounidenses habrían rechazado solicitudes hechas por México por falta de evidencias.
La jefa del Ejecutivo sostuvo que la postura de su administración se mantendrá bajo criterios legales y constitucionales, independientemente de presiones políticas o mediáticas.
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¿Qué comparación hizo la presidenta con Estados Unidos?
Sheinbaum planteó un escenario inverso para ejemplificar la posición de su administración y preguntó cómo reaccionaría Estados Unidos si México solicitara la captura urgente de un gobernador estadounidense en funciones.
“Porque sólo pongamos al revés. Que México hubiera pedido la detención urgente de un gobernador en funciones en Estados Unidos. Con fines de extradición. Pues somos iguales”, expresó.
A partir de ello, insistió en que México no pretende deteriorar la relación bilateral con el gobierno estadounidense, aunque dejó claro que tampoco permitirá acciones que vulneren la soberanía nacional.
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¿Qué dijo sobre casos rechazados por Estados Unidos?
Claudia Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará información relacionada con decenas de casos en los que autoridades estadounidenses habrían rechazado solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición.
Según comentó, existen al menos 38 expedientes donde Estados Unidos negó dichas peticiones por falta de pruebas suficientes.
Con ello, buscó reforzar el argumento de que México debe actuar bajo los mismos criterios legales y exigir evidencia antes de iniciar procedimientos judiciales contra cualquier persona señalada desde el extranjero.
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