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México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria y del Banco del Bienestar fueron sancionados por cometer faltas administrativas graves relacionadas con el uso indebido de recursos y manejo irregular de información.
Las investigaciones fueron realizadas por los Órganos Internos de Control de ambas instituciones y derivaron en sanciones impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo inhabilitaciones de hasta una década para ocupar cargos públicos y multas económicas.
¿Qué irregularidades detectaron las autoridades?
En el caso del SAT, las indagatorias detectaron que un exfuncionario habría asignado citas para trámites fiscales utilizando datos personales de contribuyentes sin registro oficial en el sistema institucional.
Mientras tanto, en el Banco del Bienestar se acreditaron anomalías cometidas por tres exservidores públicos. Dos de ellos fueron señalados por presuntamente retirar recursos bancarios sin autorización de los cuentahabientes, afectando cuentas por más de 275 mil pesos.
Otro de los implicados fue relacionado con conciliaciones financieras elaboradas con información considerada no verídica.
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¿Qué sanciones recibieron los exfuncionarios?
Entre las resoluciones emitidas, destaca la inhabilitación por 10 años contra tres exfuncionarios de BANBIEN, además de sanciones económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.
En el SAT, el ex-subadministrador de Servicios al Contribuyente recibió una suspensión de un año para desempeñar funciones dentro del servicio público.
Las autoridades aclararon que las personas sancionadas aún pueden impugnar las resoluciones conforme a la ley.
¿Qué busca el gobierno con estas acciones?
La dependencia federal aseguró que continuará fortaleciendo las medidas contra actos de corrupción dentro de las instituciones públicas y reiteró que el uso indebido de recursos representa una traición a la confianza ciudadana.
Además, llamó a la población a denunciar posibles irregularidades mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir la impunidad.
La Secretaría Anticorrupción sostuvo que las investigaciones se realizaron con apego legal y respaldadas con evidencia documental.
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