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México.- El gobierno de México reveló que, desde 2018 hasta mayo de 2026, Estados Unidos no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por autoridades mexicanas. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, 36 peticiones ya fueron rechazadas y 233 continúan pendientes de resolución.
Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó la falta de reciprocidad entre ambos países en materia judicial, especialmente porque varios expedientes están relacionados con delitos de alto impacto como delincuencia organizada, corrupción y el caso Ayotzinapa.
¿Por qué México exige reciprocidad a Estados Unidos?
Sheinbaum señaló que existen investigaciones relevantes que siguen sin avanzar pese a las solicitudes formales enviadas al gobierno estadounidense. “México pide reciprocidad”, declaró la presidenta al insistir en que no se ha entregado a ninguno de los acusados requeridos por autoridades mexicanas.
Entre los casos pendientes aparecen personas ligadas a empresas factureras, fraudes millonarios y presuntos integrantes de grupos criminales. También destacan expedientes relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La mandataria sostuvo que varios de estos procesos llevan años abiertos sin obtener una respuesta definitiva.
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¿Qué casos siguen pendientes de extradición?
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, explicó que uno de los casos más relevantes es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
También permanecen pendientes solicitudes contra presuntos implicados en fraudes al Infonavit y operaciones de delincuencia organizada. En otros expedientes, Estados Unidos pidió a México ampliar pruebas o entregar información adicional antes de continuar con el proceso.
¿Cómo funciona el proceso de extradición?
La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que cada solicitud debe incluir una descripción clara del delito y una orden de aprehensión vigente.
Posteriormente, el trámite pasa por la Fiscalía General de la República y finalmente llega a un juez federal, quien determina si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento diplomático y judicial.
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