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Ciudad de México.- En medio de tensiones generadas por los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema durante su conferencia ‘mañanera’, donde también respondió a críticas de actores políticos, a la vez que reiteró la postura de su gobierno frente a Estados Unidos.
La mandataria federal se refirió a las declaraciones del excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, a quien cuestionó por adoptar un papel crítico en el contexto actual.
Desde su perspectiva, resulta cuestionable asumir una postura de ‘juez’ ante una situación que aún está en proceso de análisis, como lo es el caso de Rocha Moya.
Además, Sheinbaum aprovechó para contrastar este momento con algunas de las acciones y declaraciones del que es también, el exgobernador de Sinaloa.
“Labastida… porque él fue gobernador de Sinaloa, y ahora se pone así como en juez de todos, a explicarle al pueblo de México que difícil circunstancia vive Sinaloa”, reprochó.
“Hay que recordarle el ‘Pemexgate’ o hay que recordarle también que él dice en su propio libro, que (Ernesto) Zedillo se entregó a los Estados Unidos, y el argumento que pone es que no le dio dinero para su campaña”, agregó.
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¿Cuál es la relación con Estados Unidos en este caso?
La jefa del Ejecutivo dejó claro que la relación bilateral debe sostenerse bajo principios de respeto mutuo.
“No somos protectorado, no somos colonia, somos un país libre y soberano; y nos entendemos como iguales”, enfatizó, al insistir en que la cooperación con Estados Unidos no implica subordinación.
En ese sentido, explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no corresponde a una decisión integral del gobierno estadounidense, sino que proviene de una oficina específica del Departamento de Justicia en Nueva York.
¿Qué cuestiona el gobierno mexicano sobre la solicitud de detención?
La presidenta subrayó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de revisar el caso y determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme a la ley mexicana. Por ello, rechazó cualquier tipo de presión externa.
“¿Dónde están las pruebas? Esa es la pregunta”, expresó poniendo en duda la validez de la solicitud.
Asimismo, señaló que la difusión pública del caso podría vulnerar la confidencialidad que caracteriza a los procesos de extradición, además de cuestionar la urgencia con la que se pidió la detención.
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¿Qué postura final fijó el gobierno mexicano?
Claudia Sheinbaum también recordó momentos históricos en los que, según su visión, México cedió ante intereses extranjeros, como el rescate financiero de 1994 o el operativo ‘Rápido y Furioso’ con Felipe Calderón.
Frente a ello, afirmó que su administración actuará con base en principios claros: respeto a la soberanía y apego a la ley.
“Primero México, primero la soberanía. Y también justicia, pero con pruebas. No vamos a proteger a nadie, pero tampoco vamos a permitir injerencias”, concluyó.
¿Qué es el ‘Pemexgate’?
El ‘Pemexgate’ fue un escándalo político ocurrido a inicios de los años 2000 en México, relacionado con el desvío ilegal de recursos del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia la campaña presidencial del PRI en el año 2000.
Las investigaciones señalaron que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) transfirió aproximadamente 1,100 millones de pesos provenientes de fondos públicos de Pemex para apoyar la candidatura presidencial priista. Este uso de recursos estaba prohibido por la ley electoral, por lo que el caso derivó en sanciones administrativas.
Francisco Labastida Ochoa, quien fue el candidato presidencial del PRI en esa elección, no se comprobó legalmente que hubiera ordenado o participado directamente en el desvío de los recursos.
Sin embargo, su campaña fue la beneficiaria de esos fondos, lo que lo colocó en el centro de la polémica política. El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) sancionó al PRI con una multa histórica, pero no se fincaron responsabilidades penales contra Labastida.
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