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Estados Unidos.- Al menos una decena de servidores públicos mexicanos, incluidos varios políticos identificados con Morena, habrían establecido contacto con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información relacionada con presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, de acuerdo con una investigación publicada por ‘The New York Times’.
El reportaje, basado en testimonios de ocho fuentes consultadas por el diario bajo condición de anonimato, señala que entre quienes habrían buscado colaborar figuran gobernadores, legisladores y personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la publicación, varios de estos acercamientos responderían al interés de algunos funcionarios por anticiparse a investigaciones que, eventualmente, podrían involucrarlos.
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¿Por qué se habrían motivado estos acercamientos?
De acuerdo con ‘The New York Times’, el contacto con autoridades estadounidenses se produjo después de que el gobierno de ese país solicitó la captura con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres mencionados se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, mientras que otros dos de los acusados ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
El medio estadounidense añade que, conforme a cuatro de sus fuentes, los políticos que ahora buscan colaborar formarían parte de un grupo cada vez más amplio de informantes mexicanos que han proporcionado datos sobre la estructura interna de los cárteles y sus presuntas relaciones con políticos.
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¿Qué impacto podría tener la información aportada por los nuevos informantes?
La investigación también refiere que, además de los funcionarios que recientemente habrían buscado colaborar, ya existen otros testigos que proporcionan información a las autoridades estadounidenses, entre ellos dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que se declararon culpables de delitos relacionados con el narcotráfico, así como antiguos operadores, pilotos y colaboradores cercanos de esa organización criminal.
Asimismo, el reportaje sostiene que varios de los 92 presuntos integrantes de grupos delictivos entregados por el gobierno de México a Estados Unidos también comenzaron a colaborar con las investigaciones.
Para Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA (Administración Antidrogas de Estados Unidos), la suma de estos testimonios podría derivar en nuevos procesos judiciales contra figuras de alto perfil.
“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo a ‘The New York Times’
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