Ciudad de México.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que impulsará una reforma constitucional para eliminar la inmunidad procesal penal, mejor conocido como fuero, de diputados, senadores y titulares de los poderes ejecutivos estatales.
La iniciativa pretende modificar las reglas que actualmente brindan protección procesal a determinados servidores públicos, con el argumento de que ocupar un cargo de elección popular no debe impedir que una persona enfrente investigaciones o procesos penales bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
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¿Qué busca modificar la propuesta de Morena?
Ramírez Cuéllar planteó separar la protección de la actividad legislativa de la inmunidad frente a posibles procesos penales. Según explicó, la inviolabilidad que protege las opiniones y los votos de los legisladores debe mantenerse, pero no así el fuero procesal.
“La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar”, aseveró.
El legislador sostuvo que retirar esta protección no significaría eliminar garantías fundamentales para los servidores públicos. De acuerdo con su planteamiento, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa continuarían vigentes mediante las normas ordinarias de la justicia penal.
La intención de la reforma sería que los cargos de elección popular no funcionen como una barrera para enfrentar posibles responsabilidades ante las autoridades judiciales.
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¿Qué relación tiene la propuesta con el caso de Samuel García?
El planteamiento surgió tras la controversia constitucional 386/2026, promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León a raíz del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García.
Dentro de ese proceso, se concedió una suspensión provisional que permite al Congreso de Nuevo León continuar con el procedimiento, pero establece que una eventual destitución o inhabilitación del mandatario no podrá ejecutarse mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia.
Para Ramírez Cuéllar, una controversia constitucional no debería utilizarse como una vía para detener el funcionamiento del régimen de responsabilidades. Al mismo tiempo, señaló que los congresos están obligados a ejercer sus facultades respetando las garantías procesales y las atribuciones de los órganos judiciales.
¿Qué pretende cambiar la reforma en materia de rendición de cuentas?
La propuesta busca avanzar hacia un esquema en el que legisladores y gobernantes puedan responder ante la justicia sin que el cargo que ocupan represente una protección frente a un procedimiento penal.
El proyecto anunciado por el legislador morenista plantea así una distinción entre la libertad necesaria para ejercer una función legislativa y los privilegios procesales que podrían impedir que un funcionario sea investigado o sometido a un proceso conforme a las reglas generales.
La iniciativa todavía deberá presentarse formalmente y seguir el procedimiento legislativo correspondiente. De concretarse, abriría un nuevo debate sobre los alcances del fuero, la responsabilidad de los servidores públicos y las garantías que deben conservar quienes ocupan cargos de elección popular.
Con información de ‘López Dóriga Digital’
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