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Estado de México.- Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México permitió desarticular una presunta red dedicada a la extorsión mediante la suplantación de funcionarios, políticos y empresarios, en el marco de la ‘Estrategia Nacional contra la Extorsión’.

Como parte del operativo, autoridades federales y mexiquenses detuvieron a Luis ‘N’, quien ocupó cargos en la administración pública de Michoacán, así como a su esposa, Liliana ‘N’; sus hijos Luis Samuel ‘N’ y Aimee de Guadalupe ‘N’, además de Agustín Arturo ‘N’, señalado como escolta.

De acuerdo con la información del comunicado oficial, Luis se desempeñó como tesorero General, así como secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, además de ocupar otros cargos públicos.

La Fiscalía sostiene que esos antecedentes le habrían permitido construir una amplia red de contactos con servidores públicos y empresarios.

Las investigaciones ubican el supuesto centro de operaciones del grupo en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde durante un cateo fueron asegurados teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.

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¿Cómo engañaban a sus víctimas?

La organización utilizaba los contactos personales obtenidos durante años para acercarse a personas con capacidad de decisión en ámbitos políticos, empresariales y gubernamentales.

Según la investigación, los integrantes del grupo comenzaban el contacto mediante llamadas o mensajes dirigidos a los teléfonos personales de sus objetivos. En algunos casos se presentaban como asistentes o secretarios particulares de funcionarios de alto nivel y utilizaban información previamente obtenida para generar confianza.

Una de las estrategias consistía en solicitar números telefónicos con el argumento de que un funcionario necesitaba comunicarse directamente con la víctima. Posteriormente, ésta recibía una llamada o mensaje de quien supuestamente era el servidor público y le pedía apoyo económico o alguna gestión.

Las exigencias podían incluir dinero para una supuesta ‘operación política’ o para agilizar pagos, así como la incorporación de determinadas personas a estructuras administrativas o la contratación de servicios.

Para reforzar la suplantación, los presuntos responsables utilizaban números telefónicos con fotografías, nombres, logotipos e identificadores asociados con dependencias gubernamentales u organizaciones políticas.

Además, de acuerdo con la Fiscalía, el grupo habría recurrido a herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para imitar las voces de personas suplantadas y generar conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios, que posteriormente eran enviadas a las víctimas.

En uno de los casos investigados, la red habría intentado obtener dinero de representantes de una empresa especializada en tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad, mediante el ofrecimiento de un supuesto contrato.

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¿Qué encontraron las autoridades y qué ocurrió con los detenidos?

Las indagatorias establecieron que los presuntos integrantes de la red habrían empleado al menos 19 teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, además de múltiples tarjetas SIM.

La Fiscalía indicó que algunos de esos dispositivos guardaban correspondencia con números telefónicos reportados por víctimas.

El reporte también señala que, debido a que Luis ‘N’ se encontraba registrado en el sistema bancario mexicano por actividades delictivas previas, los presuntos cobros de las extorsiones se realizaban principalmente en efectivo.

Para introducir parte de esos recursos al sistema financiero, supuestamente se utilizaba una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija.

La Fiscalía mexiquense informó que los recursos obtenidos ilícitamente habrían sido destinados, entre otras cosas, a la adquisición de propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya. El pasado 6 de octubre, un juez del Estado de México los vinculó a proceso y les impuso prisión preventiva justificada por su probable participación en el delito de extorsión.

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