Nuevo Léon.- El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, fue denunciado penalmente ante la FGR (Fiscalía General de la República) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras detectar presuntos esquemas de simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos por miles de millones de pesos.
Las investigaciones apuntan a una red de transferencias entre contratistas, empresas intermediarias y un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre, Samuel Orlando García.
De acuerdo con los hallazgos presentados ante la Cámara de Diputados, el organismo fiscalizador identificó movimientos financieros cuyo destino final estaría relacionado con personas físicas y morales con vínculos familiares con servidores públicos estatales.
El caso también incluye operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos y transferencias que coincidirían con contratos de infraestructura.
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¿Cómo habría operado la triangulación de recursos señalada por la ASF?
La auditoría identificó cuatro rutas de transferencias mediante las cuales recursos del Gobierno estatal habrían pasado por constructoras, comercializadoras y empresas de servicios antes de llegar a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre.
Entre las operaciones documentadas destacan:
- Constructora. Recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra compañía, que posteriormente envió 385.3 millones al despacho jurídico.
- Comercializadora. Obtuvo 964 millones de pesos, de los cuales 202.9 millones terminaron en el despacho, luego de pasar por una empresa de alimentos.
- Empresa de servicios. Recibió 243 millones y, mediante una consultoría, transfirió recursos al mismo despacho.
- Empresa de equipamiento. Participó en operaciones por 154.2 millones de pesos, de los cuales 77.03 millones llegaron al despacho jurídico.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández, explicó que estos movimientos forman parte de un patrón detectado también en Sinaloa.
“En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos. Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, declaró el funcionario.
Hernández evitó revelar los nombres de las empresas y personas involucradas para no afectar el debido proceso.
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¿Qué relación tienen las operaciones con el Metro y los bienes inmobiliarios?
Uno de los movimientos bajo revisión corresponde a contratos de infraestructura por 5 mil 851 millones de pesos. Según información de ‘Reforma’, las cantidades y fechas coinciden con las adjudicaciones de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, otorgadas en septiembre de 2022 a Mota-Engil.
El reporte periodístico señala que la constructora se asoció con compañías relacionadas con clientes del despacho jurídico de la familia del gobernador. Una de las empresas que recibió recursos de la constructora habría transferido posteriormente 385.3 millones de pesos al despacho.
A esto se suman operaciones inmobiliarias superiores a mil millones de pesos, relacionadas con el esquema financiero que investiga la ASF.
El informe también hace referencia a una propiedad de ese valor que habría podido adquirirse con recursos vinculados a las operaciones observadas.
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¿Qué consecuencias podría enfrentar el Gobierno de Samuel García?
La denuncia penal fue presentada el 16 de octubre, según el registro publicado por la ASF. Como parte del procedimiento de fiscalización, el organismo también contempla emitir pliegos de observaciones para que el Gobierno estatal justifique el destino de los recursos o reintegre las cantidades que no logre comprobar.
Si las irregularidades no son aclaradas dentro de los plazos legales, podrían promoverse nuevas acciones ante las autoridades anticorrupción.
La indagatoria deberá determinar si las transferencias correspondieron a operaciones legítimas o si se utilizaron empresas intermediarias para desviar recursos públicos.
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