Ruta Agrícola, donde cosechamos información

 

En estos días se discute una propuesta que puede cambiar el rumbo del campo mexicano: la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales. A primera vista suena muy técnica, pero en realidad toca la raíz de nuestra agricultura. El agua, ese recurso que sostiene cada surco sembrado, está a punto de entrar en un nuevo marco legal que puede redefinir quién la usa, cómo y para qué.

Aunque la propuesta legislativa fue presentada en la Cámara de Diputados desde noviembre del 2024, está cobrando relevancia porque en este mes de octubre el gobierno federal la retomó como prioridad legislativa y busca dictaminarla y aprobarla antes de cerrar el año.

La iniciativa parte de una idea legítima: reconocer el agua como un derecho humano. Nadie discute que las familias deben tener garantizado el acceso al agua. El problema está en cómo se pretende lograrlo. Al establecer que el uso doméstico tendrá prioridad absoluta sobre el agrícola, se corre el riesgo de desbalancear todo el sistema alimentario.

En teoría, nadie puede estar en contra de cuidar el agua. Pero el problema está en cómo hacerlo sin poner en riesgo la producción alimentaria del país. Hoy, el 76 % del agua que se extrae en México se destina a la agricultura, especialmente al riego de cultivos como maíz, trigo, frijol, hortalizas y frutales.

Si se cambia el orden de prioridades sin un plan claro de tecnificación, financiamiento y transición, el golpe al campo podría ser profundo e incrementaría los precios de la canasta básica poniendo en jaque la seguridad alimentaria nacional.

Muchos de nuestros agricultores radioescuchas lo saben de primera mano: un ciclo con menos agua o con asignaciones reducidas puede significar pérdidas totales. En estados agrícolas como Sinaloa, donde las presas se encuentran al 48% de su capacidad, la disponibilidad de agua define si se siembra o se deja la tierra descansar. Por eso, esta reforma preocupa y merece atención seria.

La nueva ley propone que las concesiones para aprovechamiento del agua ya no puedan transferirse entre particulares, esto genera temor entre las organizaciones de productores que ven la posibilidad que el gobierno pueda revocar derechos legítimos si considera a su criterio que no se está haciendo un uso “eficiente o sustentable” del recurso.

En papel suena razonable, pero en la práctica abre un margen enorme de discrecionalidad. Es donde surge una pregunta clave: ¿cómo se medirá la eficiencia desde un escritorio en Ciudad de México cuando cada valle agrícola tiene condiciones y necesidades distintas?

Esto preocupa al sector agrícola porque muchas unidades productivas trabajan con títulos de concesión compartidos dentro de asociaciones, módulos o distritos de riego. Si la autoridad decide reinterpretar esos títulos o reducir los volúmenes concesionados, los agricultores podrían perder derechos históricos que sostienen su operación.

Además, la ley plantea que cualquier volumen de agua no utilizado durante cierto periodo podría ser revertido al Estado. En regiones donde los ciclos dependen del clima o de la disponibilidad de semillas e insumos, eso puede traducirse en sanciones injustas.

También hay un aspecto político. Varias organizaciones civiles y agrícolas advierten que la ley podría consolidar un modelo centralizado de gestión del agua, donde las decisiones recaigan en autoridades federales con poca conexión territorial. Eso podría debilitar el papel de los distritos de riego, que son precisamente los espacios donde los productores y usuarios gestionan localmente el recurso.

Sinaloa, como principal estado agrícola de México, debe tener voz en esta discusión. Aquí se concentra una de las mayores superficies de riego del país, más de 600 mil hectáreas bajo sistemas controlados.

Los valles del Fuerte, del Carrizo, de Culiacán y del Évora dependen de una administración eficiente del agua. Si se aplican criterios rígidos o se prioriza sin diálogo al uso urbano, la estructura productiva más importante del noroeste quedaría en graves problemas.

Por eso este debate no puede quedarse solo en el Congreso. Los productores, académicos, asociaciones de usuarios y autoridades locales deben sentarse a construir un modelo equilibrado: agua para vivir, pero también agua para producir los alimentos que todos comemos. La sustentabilidad no debe ser una bandera política, debe ser un compromiso compartido con reglas claras y financiamiento real.

La agricultura mexicana necesita agua con responsabilidad, no con burocracia. Es momento de diseñar una ley que proteja el recurso sin estrangular al sector que lo convierte en alimento, empleo y economía. En cada gota que llega al surco hay una cadena de vida: del productor al consumidor y del campo a la mesa.

En resumen, esta nueva ley propone un mayor control gubernamental y menos certeza jurídica. Y en el campo, la certeza en el uso del agua es tan importante como la lluvia.

Este es un tema que nos involucra a todos, y que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. Les invitamos a quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales de Los Noticieristas a compartir sus experiencias y opiniones sobre el uso del agua en el campo, para incorporarlas en futuras ediciones.

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.