En las últimas semanas, muchos consumidores han notado que el precio de la tortilla volvió a subir, superando en varias ciudades los 28 pesos por kilo, mientras que en el campo los productores de maíz enfrentan precios menores a los 5 mil pesos por tonelada e incluso menos en algunos puntos del país. Esa distancia entre lo que se paga al productor y lo que se cobra al consumidor final se ha convertido en una de las mayores contradicciones del sistema agroalimentario mexicano.

El maíz es el corazón de nuestra alimentación, pero también el espejo de las desigualdades en la cadena de valor. Cada año, los agricultores siembran con la esperanza de que los precios de mercado cubran sus costos, que han subido por los fertilizantes, el diésel, la semilla y la mano de obra. Sin embargo, el valor que reciben por su cosecha apenas representa entre el 20 y 25 por ciento del costo final de la tortilla. En otras palabras, de cada kilo que compramos en la tortillería, menos de 6 pesos corresponden al maíz que salió del campo.

A lo largo de los años hemos visto un argumento repetido cada vez que se discute el precio que se paga al productor: se dice que no se puede pagar más por el maíz porque eso provocaría un aumento en el precio de la tortilla, encarecería la canasta básica y afectaría la inflación. Ese discurso suena técnico, pero es falso. El costo del maíz representa una fracción pequeña del precio final de la tortilla. Los aumentos en las tortillerías no provienen del campo, sino de otros eslabones donde se concentran los márgenes y los costos logísticos, energéticos e industriales.

La rentabilidad se diluye entre intermediarios, industriales y distribuidores. En ese recorrido, el grano cambia de manos, se almacena, se transforma y se transporta, acumulando costos reales, pero también márgenes que reflejan un mercado desequilibrado. Cuando el precio internacional del maíz baja, las grandes harineras compran más barato, pero el ahorro nunca se traduce en un beneficio para el consumidor. La estructura está pensada para proteger los márgenes industriales, no para generar equilibrio entre quien produce y quien consume.

Esta situación afecta, sobre todo, a estados agrícolas como Sinaloa, donde se concentra buena parte del maíz blanco que alimenta al país. Muchos de nuestros agricultores radioescuchas lo han vivido de cerca: cosechar toneladas de grano, venderlas a precios deprimidos y semanas después ver cómo la tortilla sigue subiendo. En esos contrastes se refleja una política agroalimentaria que perdió el vínculo entre el campo y la mesa.

En países como Brasil se han creado mecanismos de protección más equilibrados. Allá existen esquemas de precios piso, contratos de largo plazo entre agricultores y la industria molinera y fondos de estabilización que reducen la volatilidad. En México, en cambio, esos instrumentos prácticamente no existen, lo que deja al productor a merced de los vaivenes del mercado y sin capacidad de negociación frente a las grandes compradoras. La diferencia no es técnica, es de visión: allá se busca proteger la producción nacional; aquí, se sigue trasladando el riesgo al eslabón más débil.

La explicación de este desfase tiene varias capas. Por un lado, el precio del maíz está determinado por un mercado internacional muy volátil, donde pesan factores como el tipo de cambio, la demanda de biocombustibles o las cosechas en Estados Unidos. Por otro lado, la industria de la masa y la tortilla funciona con una alta concentración: dos grandes empresas controlan la mayor parte del abasto de harina nixtamalizada. Cuando se concentran los canales de transformación, se pierde la competencia y el precio deja de reflejar el valor real del insumo.

¿Debería el consumidor pagar menos cuando el productor gana menos? Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿por qué el productor nunca gana más cuando el consumidor paga más? En el fondo, el problema no es la volatilidad del maíz, es la rigidez de un modelo de comercialización que reparte mal los beneficios.

Revertir esa distorsión exige voluntad política y visión de largo plazo. Se necesitan esquemas de precios de referencia más justos, incentivos para la compra directa entre productores y tortillerías locales, así como incentivar el desarrollo de nuevas industrias nixtamaleras y harineras que permitan una mayor competencia y amplíen el abanico de compradores en el mercado. También hace falta transparencia en la cadena de costos para que la sociedad sepa cuánto del precio final llega realmente al campo.

México ha sido cuna del maíz por miles de años, pero su economía moderna trata al productor como si el grano fuera un simple insumo más. Recuperar la justicia en la cadena alimentaria no se logra con subsidios aislados, requiere construir un sistema que valore el origen del alimento y dé estabilidad a quienes lo siembran.

La tortilla seguirá siendo parte de nuestra vida diaria, pero la pregunta es si seguirá siendo un símbolo de identidad o un reflejo de inequidad. La respuesta depende de lo que haga el gobierno ahora para reconectar al productor con el consumidor, al surco con las tortillerías.

Y quizá este sea el momento de recordar algo simple, pero profundo: el valor del maíz no está en su precio, sino en su propósito. Cada grano encierra el trabajo de miles de campesinos, la vocación de cada región agrícola y la historia de un país que aprendió a vivir del campo. Si el maíz vuelve a tener el valor que merece, la tortilla volverá a tener el sentido que le dio origen: unir a nuestras familias alrededor de la misma mesa.

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.