Reinventando la Política

El régimen actual no salía de la crisis de la marcha de la generación Z, cuando otro asunto les pegó en la agenda del día al día: las protestas de productores a las cuales se unían los transportistas.

El gobierno enfrentaba dificultades para gestionar la situación generada por la salida de la generación Z, que había provocado una serie de tensiones y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades. Mientras intentaban resolver ese conflicto, se sumó otro problema a la lista: las movilizaciones de productores agrícolas, quienes reclamaban por condiciones desfavorables en el sector. A estas protestas se sumaron los transportistas, quienes también tenían demandas relacionadas con la logística y el acceso a recursos. El tema se volvió prioritario en la agenda pública, desplazando otros asuntos y obligando al régimen a buscar respuestas rápidas ante la presión social.

Muchos factores se habían alineado a favor de los productores: los transportistas de Estados Unidos haciendo presión con sus congresistas, grupos externos que no se metieron en contra y hubo simpatías por parte de la ciudadanía lo que hizo que este movimiento germinara y lograra poner contra la pared al gobierno, pero después el régimen firmó minutas con ellos y después vino la aplanadora en el Congreso a pasar la nueva Ley de Aguas sin consulta y en contra de los productores.

La coyuntura favoreció a los productores en varios frentes. Por un lado, los transportistas estadounidenses intervinieron indirectamente, ejerciendo presión a través de sus representantes en el Congreso de ese país. Por otro lado, algunos grupos optaron por no intervenir en el conflicto, lo que permitió que el movimiento creciera sin mayores obstáculos externos. Además, la opinión pública mostró apoyo a los productores, generando un ambiente propicio para que sus demandas fueran escuchadas. El gobierno, ante la fuerza del movimiento, decidió negociar y firmó acuerdos preliminares con los líderes de los productores. Sin embargo, poco después, el Congreso aprobó de manera rápida y sin consulta la nueva Ley de Aguas, ignorando las peticiones y preocupaciones de los productores. La aprobación se realizó a pesar de las protestas y sin abrir espacios de diálogo, lo que generó descontento y sensación de engaño entre los afectados.

¿Para qué sirve el espíritu de esta ley? Mientras el régimen habla y lo dice bien que el agua no es una mercancía, pareciera que para ellos es un dispositivo de control social y más que nada para frenar protestas. Además la iniciativa sobre el uso de concesiones y uso del agua, probablemente, cambiaría hasta incluso el mercado de las tierras, porque cambiaría la plusvalía, el estar cerca de los canales de riego no daría mayor valor.

El régimen sostiene en sus discursos que el agua debe ser considerada un bien común y no una mercancía, pero las acciones muestran que la legislación busca más controlar el acceso al recurso que garantizar su distribución equitativa. La nueva ley introduce cambios en el sistema de concesiones, lo que puede modificar la forma en que se administra el agua en las zonas agrícolas. Esto podría afectar directamente el valor de las tierras, ya que la cercanía a los canales de riego dejaría de ser un factor relevante para la plusvalía.

El agua se convierte así en una herramienta para regular la actividad de los productores y limitar la capacidad de organización y protesta de los sectores afectados. El control sobre el recurso hídrico podría utilizarse para condicionar la producción y restringir la autonomía de quienes dependen de él para trabajar.

Ahora bien, los productores ¿cómo van a protestar? ¿De qué manera? Si ahora el agua se volverá un recurso de control.

La aprobación de la ley plantea nuevas interrogantes para los productores. Ante la posibilidad de que el agua sea utilizada como mecanismo de presión, surge la duda sobre las estrategias que podrán emplear para manifestar su inconformidad. La capacidad de movilización se ve limitada si el acceso al recurso depende de decisiones administrativas y políticas. Los productores tendrán que buscar alternativas para expresar sus demandas, ya que las formas tradicionales de protesta podrían perder eficacia frente a un régimen que controla los insumos básicos para la producción. El escenario obliga a repensar las tácticas de resistencia y a considerar nuevas formas de organización que permitan mantener la presión sin poner en riesgo la subsistencia.

La estructura del régimen está con todo reacomodando un marco legal que facilite el control y la administración de las multitudes y el paralizar las protestas sociales.

El gobierno avanza en la modificación de leyes y reglamentos para reforzar su capacidad de gestión sobre los movimientos sociales. El objetivo es establecer mecanismos que permitan administrar las concentraciones de personas y evitar que las protestas se conviertan en amenazas para la estabilidad política.

La reconfiguración del marco legal incluye disposiciones que dificultan la organización de manifestaciones y otorgan al Estado mayor poder para intervenir en situaciones de conflicto. El proceso se realiza de manera acelerada, sin consultar a los sectores afectados ni abrir espacios de participación ciudadana.

El resultado es un entorno donde la protesta social enfrenta obstáculos crecientes y donde el control sobre recursos esenciales se convierte en una herramienta para disuadir la movilización.