Durante años hablamos de productividad, rendimientos, certificaciones sanitarias y acceso a mercados. Hoy el eje de la conversación se mueve. Hace unas pocas semanas, el gobierno federal presentó el Certificado Laboral de Agro Exportación para el aguacate y avanzó en un esquema similar para berries. En términos simples, para exportar, el empleo formal comienza a tener el mismo peso estratégico que la calidad del producto.

 

El mensaje va directo a los mercados internacionales. Cada embarque debe estar respaldado por trabajo registrado, seguridad social y respeto a los derechos laborales. Es una señal política, comercial y social al mismo tiempo. El campo mexicano entra a una etapa donde la trazabilidad alcanza también a las personas que hacen posible la producción

 

El esquema arrancará formalmente en abril de 2026 con el aguacate hass. A partir de esa fecha, las empacadoras deberán registrar sus operaciones en la plataforma VELAGRO y vincular cada volumen exportado con empleo afiliado al IMSS. Se contempla un periodo de transición de seis meses para facilitar la adaptación del sector, pero la ruta ya quedó definida.

 

VELAGRO es una herramienta digital que permite vincular los embarques de exportación con la información laboral asociada a cada operación. Su función es verificar que la mano de obra utilizada esté incorporada al sistema de seguridad social y que exista coherencia entre producción exportada y empleo formal.

 

En paralelo, el sector de berries avanza por el mismo camino. México es el tercer exportador mundial y genera ingresos por un poco más de 3 mil 800 millones de dólares al año. Además, emplea a cerca de 470 mil personas, muchas bajo esquemas estacionales que durante décadas han presentado rezagos en formalización. Justo ahí se concentra uno de los objetivos centrales de esta política.

 

La pregunta surge de inmediato. ¿Está preparado el campo para absorber este cambio sin comprometer su viabilidad económica? La agricultura no funciona como una industria urbana. Tiene ciclos, picos de cosecha y una dinámica regional compleja que exige reglas pensadas desde el territorio.

 

Desde la óptica comercial, la decisión tiene lógica. Los mercados de destino revisan cada vez con más detalle las condiciones laborales como parte de los acuerdos comerciales. El T-MEC ya mostró que el tema laboral dejó de ser un discurso y pasó a convertirse en un factor real de presión y defensa comercial.

 

Aquí aparece una ventaja para estados como Sinaloa. Desde hace muchos años, buena parte del sector hortícola sinaloense ha trabajado bajo esquemas de responsabilidad social, cumplimiento laboral y certificaciones privadas exigidas por los mercados de exportación. Esa experiencia acumulada puede convertirse en un activo cuando esta certificación se amplíe a las hortalizas.

 

Para regiones con trayectoria exportadora, la transición puede ser más ordenada. Ya existen estructuras administrativas, registros de personal y una cultura de cumplimiento que facilitan la adaptación. El reto será distinto en zonas donde la formalización aún avanza a otro ritmo.

 

La formalización del empleo deja de ser vista únicamente como un tema social y empieza a jugar un papel directo en la competitividad del sector. Quien logre demostrar orden laboral tendrá mejores argumentos para sostener contratos, defender mercados y responder a auditorías internacionales cada vez más frecuentes.

 

El riesgo aparece cuando el esquema se vuelve excesivamente burocrático. Para productores medianos y pequeños, los costos administrativos y la relación con distintas dependencias pueden convertirse en una carga pesada. El éxito del modelo dependerá de simplificación, acompañamiento y coordinación real entre autoridades.

 

También hay un efecto interno relevante. Las estrategias basadas en abaratar costos sacrificando condiciones laborales pierden margen en un entorno donde la verificación y la trazabilidad social ganan terreno dentro y fuera del país.

 

La implementación será la prueba de fuego. VELAGRO tendrá que operar con agilidad. El IMSS deberá adaptarse mejor a la lógica del empleo agrícola estacional. Las dependencias involucradas tendrán que evitar duplicar trámites y generar cuellos de botella. En el campo, cada trámite extra se traduce en tiempo y costo.

 

El verdadero reto no será cumplir con un certificado, será aprovechar esta exigencia como una oportunidad para fortalecer al campo mexicano. Bien aplicada, la certificación laboral puede ordenar procesos, dar mayor certidumbre a los mercados y reconocer el valor de quienes sostienen la producción todos los días.

 

El agro tiene experiencia, capacidad y voluntad para dar este paso. Si se acompaña con reglas claras y apoyo institucional, abril de 2026 puede marcar el inicio de una etapa más sólida, más justa y con mejores condiciones para competir a nivel internacional.

 

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.