El sábado pasado en San José Chiapa, Puebla, hubo lío, ya que no solamente le discutieron a la presidenta Sheinbaum la instalación de un Parque de Economía Circular. Lo que ocurrió ahí fue algo muy de la calle: fue una disputa por el sentido de una palabra que, en la política mexicana, lo es todo y nada al mismo tiempo: el pueblo.
La escena es bastante reveladora para el actual régimen. Además, lo explica: mientras la presidenta defiende el proyecto del parque asegurando que no habrá afectaciones ambientales y que se trata de un modelo ya probado, un grupo de habitantes expresa su preocupación: contaminación, agua, territorio. No están hablando en al ahí se va. Están hablando desde la proximidad de sus casas, desde la experiencia concreta de vivir junto a un tiradero que —según dicen— ya está a menos de 30 metros.
Entonces se abre la grieta:
—¿De quién es el terreno? —pregunta la presidenta.
—¡Del pueblo! —responde una mujer.
La respuesta no es menor. No es solo una afirmación jurídica, sino una declaración política de la que el régimen ha abusado hasta el cansancio. Es una forma de decir: el territorio no es una categoría administrativa, es una experiencia vivida y algunas veces padecida. ¿O el pueblo nomás es discurso?
Pero la respuesta institucional no tarda:
—Es del Gobierno del Estado.
Y ahí, en ese intercambio breve, se abre otra grieta. Si el gobierno es, en teoría, la representación del pueblo, ¿por qué su definición de lo público parece entrar en conflicto con quienes habitan ese espacio?
La tensión se profundiza cuando la presidenta Sheinbaum recurre a un gesto clásico de legitimación: la mayoría y, para ello, usa el índice en posición flamígera inquisitiva. “La democracia es la mayoría”, dice, al pedir que se vote si continúan las intervenciones o se atiende a los manifestantes. La escena parece democrática, pero deja una pregunta incómoda:
¿Puede la mayoría, en un momento específico, silenciar una preocupación específica en el territorio?
Más aún cuando se aclara que la asamblea será para “escuchar el proyecto”, pero no para consultarlo ¿Entonces el parque va porque va?
Ahí el lenguaje vuelve a jugar un papel crucial. Escuchar no es lo mismo que decidir, participar no es lo mismo que incidir y el pueblo, en ese tránsito, parece desplazarse de sujeto que decide a audiencia que contempla y, tal vez, le pidan que aplauda.
La manifestante lee la escena, lo entiende de inmediato y lanza la pregunta clave: si no es consulta, ¿entonces importa la opinión del pueblo? La respuesta oficial intenta cerrar la tensión: “No vamos a hacer nada en contra del pueblo”. Ahora bien, ¿quién define qué es el pueblo y qué es estar en su contra?
Porque en San José Chiapa no hay un solo pueblo. Hay, al menos, dos versiones en disputa: la que se invoca desde el poder como sujeto mayoritario, legitimador; y otra, la que se encarna en cuerpos concretos que habitan un territorio, soportan y padecen la decisión. Además, temen por su entorno inmediato. Entre ambas hay una distancia que no se resuelve con votaciones a mano alzada ni con promesas de diálogo.
Lo que ocurrió en Puebla no es un episodio aislado, es un espejo, un momento en el que el discurso político se encuentra con la realidad social y revela sus fisuras. Entonces, si el pueblo puede ser, al mismo tiempo, quien decide desde arriba y quien resiste desde abajo, la pregunta ya no es retórica, sino urgente.
¿Quién es, realmente, el pueblo? Y más aún, en los procesos que vendrán, ¿quién lo nombrará y quién moverá sus resortes?
Aplica también para las decisiones políticas por venir: ¿Qué pueblo decidirá nuestro futuro?
