Ruta Agrícola
En el campo sinaloense algo cambió en las conversaciones. Ya no gira todo alrededor del clima o del precio del maíz. Ahora aparece una preocupación más silenciosa y más estratégica: la revisión del T-MEC. Y es lógico. Lo que se defina en este proceso puede mover las reglas del juego para quienes producen, comercializan y viven del campo en México.
La revisión conjunta del tratado ya no es un asunto futuro. Ya está en fase activa de preparación y las conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos comenzaron recientemente, rumbo al proceso formal de julio de este año. Eso cambia el tono de la discusión. Ya no hablamos de una posibilidad lejana, hablamos de decisiones que empiezan a tomar forma y que podrían sentirse muy pronto en el sector agroalimentario.
México exporta alimentos por un poco más de 50 mil millones de dólares al año y la mayor parte de ese valor se dirige a Estados Unidos. En hortalizas, frutas y varios productos frescos, ese mercado se volvió el eje de miles de decisiones productivas, logísticas y financieras.
En ese mapa, Sinaloa ocupa una posición decisiva. Durante el ciclo otoño-invierno, el estado concentra del 60 al 65% de la oferta nacional de varias hortalizas. Lo que se negocie en el T-MEC puede terminar influyendo en el precio final, en los costos de cumplimiento, en la logística y hasta en la permanencia de ciertos modelos de negocio que hoy parecen firmes.
El problema es que esta revisión llega en un ambiente político más duro. Washington ha puesto sobre la mesa temas como reglas de origen, cumplimiento laboral, medio ambiente y mecanismos de verificación. Vistos desde un escritorio, pueden parecer asuntos técnicos. Vistos desde un empaque o una parcela, significan inversiones, auditorías y presión sobre márgenes que ya vienen ajustados.
Aquí conviene recordar una lección del pasado. Desde la entrada en vigor del TLCAN y después con el T-MEC, México logró consolidarse como gran exportador agroalimentario, sobre todo en frutas y hortalizas. Pero al mismo tiempo, varios granos básicos perdieron terreno frente a la competencia externa. El país ganó músculo exportador en unas regiones y dejó más expuestas a otras.
Esa dualidad sigue vigente. Por un lado, están los sectores con fuerte vocación exportadora, integrados a cadenas internacionales y acostumbrados a competir con estándares muy altos. Por otro lado, están muchos productores de granos que sienten que el acuerdo abrió demasiado la puerta a importaciones baratas, sobre todo de maíz, trigo y sorgo provenientes de Estados Unidos.
Por eso algunos productores de granos están empujando una propuesta delicada: que este sector quede fuera del acuerdo para que México tenga margen de imponer aranceles a las importaciones. La intención es entendible. Buscan recuperar espacio para la producción nacional y corregir una relación que muchos consideran desequilibrada.
Pero aquí hay que mirar el tablero completo. Una medida de ese tipo podría provocar respuestas comerciales de Estados Unidos y afectar a otros sectores que dependen del acceso preferencial al mercado norteamericano. El agro mexicano está interconectado. Lo que beneficia a una rama puede generar presión sobre otra. ¿Estamos listos para asumir ese costo?
También hay un punto práctico que no se puede ignorar. México importa grandes volúmenes de granos para sostener cadenas pecuarias, industria alimentaria y consumo interno. Si esas importaciones se encarecen, el impacto se trasladaría a los costos de producción de carne, leche, huevo y otros alimentos básicos. Al final, el efecto llegaría a la mesa de millones de familias.
En paralelo, las reglas de origen podrían volverse más exigentes. Para muchos productores hortícolas eso implicaría revisar de dónde vienen sus insumos y qué tan viable es sustituir materiales importados. No es un ajuste menor. Muchas cadenas de suministro están diseñadas a escala regional y moverlas implica costos y riesgos.
Lo mismo ocurre con los estándares laborales y ambientales. Cumplir con mayores exigencias es un paso necesario hacia una agricultura más responsable. Pero también implica inversión, capacitación y tiempo. Sin acompañamiento, el riesgo es que los más pequeños queden fuera antes de lograr adaptarse.
Frente a este escenario, la preparación se vuelve clave. Los productores tendrán que fortalecer su eficiencia, mejorar su sanidad vegetal y elevar su nivel de trazabilidad. Los comercializadores deberán anticipar cambios y ajustar sus estrategias. Y el gobierno tendrá que construir condiciones para que la transición no deje atrás a quienes tienen menos capacidad de respuesta.
La revisión del T-MEC abre un nuevo ciclo para el campo mexicano. Puede ser una oportunidad para elevar la competitividad y generar mayor valor agregado. También puede profundizar desigualdades si no se actúa con visión. En este momento, más que defender posiciones aisladas, se requiere entender cómo se mueve toda la cadena agroalimentaria.
En el campo hay una enseñanza que se repite cada temporada. Antes de sembrar, hay que preparar la tierra. Hoy México está justo en ese momento. Lo que se decida en esta revisión marcará lo que se coseche en los próximos años. Y en medio de esa decisión queda una pregunta abierta: ¿quiénes ganarán realmente en el agro?
Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.
