Reinventando la Política
La discusión sobre una posible reforma al Instituto Nacional Electoral para revisar “narcocandidaturas” parece, en apariencia, una medida lógica en un país golpeado por la violencia y la infiltración criminal. Pocos podrían oponerse a la idea de impedir que grupos delictivos coloquen candidatos, financien campañas o capturen gobiernos municipales y estatales.
El problema comienza cuando surge la pregunta más delicada: ¿Quién decidirá quién está limpio y quién no?
Porque detrás del discurso de “blindar la democracia” podría abrirse la puerta a algo mucho más profundo: que las Fuerzas Armadas y las corporaciones de Seguridad se conviertan, de facto, en los árbitros de la vida política nacional.
La idea parece sencilla. Si los organismos de inteligencia detectan vínculos sospechosos, entonces determinados perfiles podrían ser vetados antes de competir. Sin embargo, en una democracia el problema nunca es solamente la intención, sino el alcance del poder que se construye alrededor de ella.
México ya vive una etapa donde las fuerzas armadas administran puertos, aeropuertos, aduanas, obras públicas y tareas de seguridad pública. Ahora podría añadirse otro componente todavía más delicado: la capacidad de influir en quién puede participar electoralmente. Es decir, pasaríamos de una militarización de funciones públicas a una posible militarización indirecta de la política: y esto es quien puede hacer política y quien no.
El riesgo no es menor. Cuando las áreas de inteligencia y seguridad adquieren capacidad para etiquetar perfiles políticos, también aparece la tentación del uso selectivo. ¿Qué ocurrirá si un candidato incómodo para determinados intereses aparece “bajo investigación” justo en tiempos electorales? ¿Quién garantizará que la información no sea utilizada políticamente? ¿Qué mecanismos existirán para defenderse de acusaciones construidas desde el aparato de seguridad?
La democracia no puede sostenerse solamente en expedientes confidenciales ni en sospechas. El combate al crimen organizado debe hacerse con investigaciones judiciales sólidas, sentencias firmes y transparencia institucional, no mediante filtros opacos donde el ciudadano desconozca quién decidió excluir a determinado aspirante.
Además, existe otro peligro: que los partidos terminen dependiendo de “visto bueno” informal de las áreas de seguridad para construir candidaturas competitivas. Eso modificaría profundamente el equilibrio civil del sistema político mexicano.
Por supuesto que el país necesita cerrar el paso al dinero criminal y a la infiltración del narcotráfico. Pero también necesita cuidar que, en nombre de la seguridad, no se construya un modelo donde las instituciones armadas terminen definiendo los límites de la participación política.
Porque una cosa es proteger la democracia del crimen, y otra muy distinta es que el miedo al crimen termine redefiniendo quién tiene derecho a competir por el poder.
