Durante años, una parte importante de la narrativa de la Cuarta Transformación ha descansado en una premisa sencilla: los ataques provenientes de Estados Unidos son producto del intervencionismo histórico de Washington contra México. Bajo esa lógica, cualquier acusación, investigación o señalamiento contra figuras políticas mexicanas debe observarse con cautela porque puede responder más a intereses geopolíticos que a la búsqueda de justicia.
Es una tesis que recientemente defendió Pedro Miguel, uno de los intelectuales más cercanos al obradorismo, cuando afirmó que Estados Unidos ha sido y seguirá siendo la principal amenaza para la soberanía mexicana. Desde esa visión, las acusaciones contra gobernadores de Morena y otros personajes públicos formarían parte de una estrategia de presión impulsada desde Washington.
Sin embargo, la reciente publicación de fragmentos del libro del exembajador estadounidense Ken Salazar introduce un elemento incómodo para esa narrativa. Según relata el diplomático, un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador —al que identifica únicamente como “El Susurrador”— le habría confiado que el entonces presidente estaba preocupado por la información que pudiera proporcionar una de las personas que ahorita está en Brooklyn.
No se trata de una acusación directa, tampoco de una prueba judicial, pero sí de un testimonio que adquiere relevancia por provenir de quien fue durante años uno de los interlocutores más cercanos entre Washington y Palacio Nacional.
Y es ahí, en Brooklyn, donde eventualmente podrían terminar ventilándose nombres que hoy ocupan posiciones de poder. La preocupación para Morena no radica necesariamente en que existan pruebas contra alguno de sus gobernadores. Hasta ahora, no las hay públicamente. El problema es otro: que la dinámica judicial estadounidense no opera bajo los tiempos ni bajo las reglas de la política mexicana.
Los fiscales de Nueva York han demostrado que están dispuestos a construir casos durante años a partir de testimonios de colaboradores protegidos, acuerdos judiciales e información financiera. Así ocurrió con García Luna. Durante mucho tiempo, las acusaciones parecían meras declaraciones de narcotraficantes hasta que terminaron convirtiéndose en una sentencia.
Por eso el tema genera nerviosismo: porque hoy los nombres que aparecen en las conversaciones ya no pertenecen exclusivamente al pasado priista o panista. Por primera vez, comienzan a, presuntamente, mencionarse gobernadores en funciones, figuras cercanas al oficialismo y cuadros políticos vinculados a Morena.
Ante ello, el obradorismo ha respondido con una estrategia que combina dos líneas argumentativas. La primera es cuestionar la credibilidad de las instituciones estadounidenses; la segunda, es insistir en que cualquier investigación debe realizarse en México para proteger la soberanía nacional.
El problema es que ambas defensas encuentran límites evidentes. La soberanía es un principio fundamental de cualquier Estado, pero la credibilidad también lo es. Quizá por eso las palabras de Pedro Miguel y las revelaciones de Ken Salazar terminan cruzándose en un mismo punto.
Mientras uno advierte que Estados Unidos representa la principal amenaza para México, el otro sugiere que la verdadera preocupación en el Palacio Nacional siendo López Obrador presidente no era Washington, sino lo que un hombre sentado frente a fiscales de Brooklyn pudiera contar.
Porque, al final, más allá de ideologías, discursos soberanistas o confrontaciones diplomáticas, el mayor riesgo para cualquier proyecto político no es la intervención extranjera. Es la posibilidad de que las verdades incómodas comiencen a hablar.
