En Estados Unidos se está moviendo una pieza delicada del sistema alimentario, y conviene mirar el tema con mucha atención desde México. La discusión gira alrededor de la mano de obra agrícola, de las redadas migratorias y del programa H-2A. Parece un asunto interno de aquel país, pero en realidad toca precios, cosechas y comercio en toda Norteamérica.

 

El problema de fondo es muy claro. La agricultura estadounidense depende desde hace años de trabajadores migrantes para sostener buena parte de sus cultivos más intensivos, sobre todo frutas, hortalizas y otras labores que requieren presencia constante en campo. Cuando esas manos faltan, la producción no espera, y el mercado tampoco perdona.

 

Esa dependencia ya aparece con fuerza en las cifras del propio sistema laboral estadounidense. En 2025 se certificaron alrededor de 378 mil posiciones bajo el programa H-2A, una magnitud equivalente a cerca de una quinta parte de la fuerza laboral agrícola del país. Ese dato ayuda a entender por qué cualquier sobresalto laboral termina generando inquietud en toda la cadena.

 

A esa realidad se sumó recientemente un clima más tenso por las acciones de control migratorio. Una encuesta aplicada a más de 500 agricultores de California mostró que una parte relevante reportó afectaciones ligadas al miedo y la incertidumbre, aun cuando las pérdidas directas por operativos fueran menores. A veces el temor alcanza para frenar una cosecha entera.

California importa mucho en esta historia porque concentra cerca de un tercio de los trabajadores agrícolas del país. También aporta más de un tercio de las verduras y alrededor de tres cuartas partes de las frutas y nueces de Estados Unidos. Cuando ese estado enfrenta nerviosismo laboral, el impacto deja de ser local y empieza a sentirse en el abasto nacional.

 

Al mismo tiempo, el programa H-2A ha entrado en una etapa de ajustes regulatorios y de debate legal. El Departamento del Trabajo modificó la metodología del AEWR, que es la referencia salarial para estos trabajadores, y abrió espacio para considerar ciertos componentes del alojamiento dentro de la compensación. Ahí está uno de los nudos más sensibles de todo este conflicto.

 

¿Por qué importa tanto ese detalle técnico? Porque una modificación en la fórmula salarial puede aliviar costos para los productores, pero también puede reducir el margen económico del trabajador temporal. Cuando el campo encuentra un respiro financiero por esa vía, alguien más absorbe el ajuste. Y casi siempre ese alguien es quien está más abajo en la cadena laboral.

El caso ya escaló a los tribunales, impulsado por organizaciones de defensa laboral que sostienen que las nuevas reglas empujan hacia abajo los ingresos de trabajadores extranjeros y también de trabajadores locales en empleos comparables. El debate legal todavía no cierra, pero ya dejó expuesta una contradicción de fondo: el sistema necesita trabajadores foráneos y al mismo tiempo los mantiene en una posición frágil.

 

Desde México, este tema tiene un peso especial. Miles de familias rurales dependen del ingreso generado por trabajadores temporales en Estados Unidos. Cuando el jornal pierde fuerza, cuando el entorno migratorio se vuelve más hostil o cuando el empleo se vuelve más incierto, la afectación no se queda del otro lado de la frontera. También golpea pueblos, hogares y economías locales de este lado.

 

Para Sinaloa la lectura debe ser todavía más seria. Aquí sabemos bien lo que significa depender de mano de obra oportuna en cultivos de alto valor. También sabemos que cuando se desacomoda el mercado laboral, el efecto se extiende a costos, logística, tiempos de corte, empaque y cumplimiento comercial. El campo hortícola no camina con discursos; camina con gente.

 

Hay otra implicación que merece atención. Si el trabajo temporal legal se vuelve relativamente más accesible para ciertos productores en Estados Unidos, se reduce la presión para acelerar procesos de mecanización o rediseño tecnológico en algunos segmentos. Eso puede dar alivio inmediato, claro, pero también retrasa decisiones de modernización que tarde o temprano van a ser inevitables. Esta es una inferencia razonable a partir de los cambios de costos laborales reportados.

 

México también debe leer esta coyuntura desde su competencia comercial. Si la agricultura estadounidense logra contener parte de sus costos laborales en algunos rubros, gana espacio para defender márgenes en mercados donde compite directamente con la oferta mexicana. En frutas y hortalizas, un pequeño cambio en costos puede alterar estrategias de siembra, ventanas comerciales y presión sobre precios. ¿Estamos preparados para reaccionar a ese nuevo acomodo regional?

 

Frente a este escenario, Estados Unidos necesita reglas más coherentes entre su política agrícola y su política migratoria. México, por su parte, necesita proteger mejor a sus jornaleros en el exterior, acompañar con más seriedad los procesos de reclutamiento y fortalecer las oportunidades productivas internas. Cuando migrar es la única salida para muchas familias del campo, algo sigue fallando en la raíz.

 

El campo de Estados Unidos está dejando una lección que también debería escucharse en México. La seguridad alimentaria no depende únicamente de agua, semillas, tecnología o financiamiento. Depende también de la dignidad de quienes hacen posible la cosecha. Y cuando faltan trabajadores, o cuando su trabajo se desvaloriza, tiembla el campo entero.

 

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.