Reinventando la Política
Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia con un severo problema de legitimidad tras la elección de 1988. Apenas iniciado su gobierno, el 10 de enero de 1989, ordenó la captura de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el poderoso líder petrolero. El “Quinazo” no sólo representó un golpe contra un cacique sindical; fue también un mensaje político: el nuevo presidente demostraba que tenía el control del Estado, marcaba distancia con un viejo régimen y construía una narrativa de combate a la corrupción.
Ahora bien, 37 años después, la política mexicana parece recurrir a viejos recursos, aunque en un contexto completamente distinto. La detención de una figura de la época de la transición política del país, Ernesto Ruffo Appel -el primer gobernador electo diferente al PRI- ha dado pie a preguntarse si estamos frente a un intento de construir un nuevo relato político: un “Ruffazo”.
La diferencia es importante: El “Quinazo” fortalecía la legitimidad de un presidente recién llegado. El eventual “Ruffazo” podría servir para otro propósito: reposicionar la narrativa pública sobre quién representa hoy la corrupción y la impunidad: el regimen busca engarzarlo a la derecha, al PAN, aunque Ruffo ya esté en Somos México, ya que forma parte de su Consejo Consultivo.
Durante los últimos meses, Morena ha enfrentado una presión creciente por las investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. En ese contexto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha permanecido bajo los reflectores tras la cancelación de su visa estadounidense y, posteriormente, por la difusión de audios en los que presuntamente expresa disposición para colaborar con autoridades en mesas de seguridad.
En ese sentido, la autenticidad, el contexto y el alcance jurídico de ese material siguen siendo materia de debate público y no constituyen por sí mismos una determinación judicial. Es precisamente ahí donde una acción judicial contra un personaje emblemático del PAN adquiere una dimensión política adicional. Independientemente de los méritos legales que pueda tener el caso —que deberán acreditarse en los tribunales—, el mensaje comunicacional puede ser claro: la corrupción también tiene color azul.
La narrativa sería conveniente para Morena porque desplaza parcialmente el foco de atención. Si el debate público gira hacia el presunto huachicol, la corrupción y la impunidad asociadas a un exgobernador panista, el partido en el gobierno gana espacio para responder a quienes buscan identificar esos mismos problemas con figuras cercanas a la llamada Cuarta Transformación.
Pero existe una diferencia fundamental respecto a 1989. En el “Quinazo”, el gobierno mexicano controlaba prácticamente toda la narrativa política y judicial. Hoy existe un actor que escapa al control de Palacio Nacional: el gobierno de Estados Unidos.
Por eso, cualquier intento de reposicionar la conversación pública tiene un límite muy claro. La última palabra sobre las investigaciones que realizan las autoridades estadounidenses no la tendrá Morena, ni el PAN, ni los gobiernos estatales involucrados. La tendrán los fiscales, las agencias federales y, eventualmente, los tribunales de Estados Unidos. En pocas palabras: el distrito de Brooklyn.
Quizá por eso el verdadero alcance del llamado “Ruffazo” no dependerá tanto de la relevancia política de Ernesto Ruffo como de una pregunta mucho más sencilla: ¿se trata del inicio de una ofensiva genuina contra la corrupción, sin importar el partido, o de un episodio dentro de la disputa por controlar el relato político en un momento particularmente incómodo para el oficialismo?
En política, las narrativas pueden modificar la conversación durante algunos días. Las investigaciones judiciales, en cambio, terminan imponiendo los hechos. Y esos hechos, al menos en los expedientes que más preocupan al poder, todavía no están escritos en México.
Están escribiendose al este… hay que virar la vista al este… de Estados Unidos.
