Reinventando la Política

 

En política, hay días en que no pasa nada y de repente en un tweet pasa todo. Ahora bien, cuando los acontecimientos comienzan a ordenarse en una línea del tiempo, dejan de parecer hechos aislados y empiezan a revelar un patrón, ¿de presión o de control? Pareciera que una o ambas formas son precisamente lo que muestra la secuencia de eventos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos de abril a agosto, durante este tiempo se ha presentado una escalada gradual de las acciones judiciales, mensajes políticos, decisiones diplomáticas y  medidas comerciales que parecen seguir una lógica de presión creciente. Y más las que faltan.

Todo comienza el 29 de abril, cuando una Corte Federal en Brooklyn acusa a funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un día después, México responde exigiendo pruebas, marcando el primer choque narrativo entre ambos gobiernos: Washington coloca el tema en el terreno judicial; México lo lleva al ámbito diplomático.

El 1 y 2 de mayo se producen movimientos internos en Sinaloa con la solicitud y aprobación de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque jurídicamente son decisiones locales, políticamente coinciden con el momento de mayor atención internacional sobre el caso, enviando la señal de que la presión externa ya comenzaba a generar efectos internos.

El 21 de mayo, la visita de Markwayne Mullin, miembro del gabinete de Trump, representa un paso más. No se trata únicamente de una visita política; es un mensaje de que el expediente sobre México ha dejado de ser exclusivo del Departamento de Justicia para involucrar a actores del aparato de seguridad y de inteligencia estadounidense. Ese dia entra con una carpeta blanca a reunión a Palacio Nacional y sale sin ella. En esa carpeta, muy probablemente, va escrita la forma de la presión.

En las semanas siguientes aparecen nuevos elementos que amplían la presión. El debate sobre la cancelación de visas a políticos mexicanos introduce un mecanismo de sanción individual. Después surge el caso del avión donado, recordando que incluso la cooperación en materia de seguridad puede convertirse en un instrumento de presión política cuando cambia el contexto bilateral.

Julio acelera el ritmo. El 14 de julio, la difusión de los audios de Marina del Pilar vuelve a colocar el tema de las visas en el centro de la discusión pública. El 15 de julio, la Fiscalía General de la República reconoce la identidad del piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada. Apenas un día después, el 16 de julio, ocurre la detención de Ernesto Ruffo Appel. Más allá de cada caso en particular, la secuencia transmite la impresión de que cada nuevo episodio alimenta el siguiente.

El 20 de julio representa probablemente el punto de inflexión. La sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada cierra uno de los procesos penales más relevantes para Estados Unidos; sin embargo, lejos de significar el final del caso, abre una nueva etapa. Ese mismo día, el jefe de la DEA advierte públicamente que la atención no se limitará a los narcotraficantes, sino también a quienes, desde las estructuras gubernamentales, les brindan protección. El mensaje modifica el enfoque: el objetivo ya no sería únicamente desarticular organizaciones criminales, sino investigar las redes políticas e institucionales que eventualmente pudieran facilitar su operación.

El 31 de julio, la reunión de liderazgos de Morena adquiere inevitablemente una lectura política bajo ese contexto. Aunque formalmente corresponde a la organización interna del partido, ocurre en un momento en que la presión externa sobre la clase política mexicana alcanza uno de sus puntos más altos.

Finalmente, el 3 de agosto, el cierre temporal de la frontera al aguacate mexicano por motivos de violencia demuestra que la agenda de seguridad puede trasladarse rápidamente al terreno económico y comercial. Ese mismo día, las declaraciones atribuidas a titulares del FBI, la DEA y el Departamento de Estado sobre la existencia de entramados gubernamentales que protegen al narcotráfico profundizan la narrativa estadounidense: el problema ya no sería solamente el crimen organizado, sino las estructuras institucionales que permitirían su permanencia.

Luego como pantalla de humo: El día de ayer, jueves 6 de agosto, aprenden al exgobernador de Guerrero, Angel Guerrero por el caso Ayotzinapa.

Vista de manera integral, la cronología sugiere una estrategia de presión en varios flancos. Primero aparecen las acusaciones judiciales; después las visitas políticas; posteriormente las restricciones migratorias; enseguida los mensajes públicos de las agencias de seguridad; y finalmente las consecuencias comerciales.

Cada instrumento pertenece a un ámbito distinto, pero todos convergen en un mismo objetivo: incrementar el costo político para México si Washington considera insuficiente la cooperación en materia de seguridad. Si esta lógica continúa bajo una eventual estrategia impulsada por Donald Trump, podrían observarse nuevas fases de presión, que irán encaminadas a minar el esquema de operaciones a las elecciones del 2027, pero aún así Morena por eso empieza a perseguir a figuras opositoras que fueron parte de escándalos.

Y entre más aprieta Estados Unidos, más aprieta el régimen a la oposición con tal de cambiar la conversación.

En ese sentido, entre más presionan al régimen este encarcela al pasado, pero jamás al presente… Ahorita.

¿Qué tiene Estados Unidos que necesita Sheinbaum?

¿Qué tiene Sheinbaum que necesita Estados Unidos?

La línea del tiempo de la presión ahí está, en ese sentido pues, las respuestas podrían configurar la segunda parte de su mandato… sin que nadie le dispute las futuras decisiones.

Y es que el calendario político siempre camina más rápido que el calendario gregoriano… Y el 2030 está cerca.

¿Quién ganará, los López o los García?

La línea del tiempo como se puede leer parece favorecer a los García.

Al tiempo.