Mientras un agricultor mexicano prepara la tierra, solicita financiamiento, compra semilla, fertilizantes y enfrenta la incertidumbre del clima, en la frontera puede bastar un soborno para facilitar la entrada de un cargamento de granos, principalmente maíz producido en Estados Unidos. Ahí comienza una competencia profundamente desigual, porque el productor nacional asume durante meses los costos, los riesgos y la responsabilidad de sacar adelante una cosecha que después deberá competir en condiciones injustas.

 

Recientemente se conoció el caso de un agente aduanal sentenciado en Texas después de admitir su participación en el pago de sobornos a funcionarios mexicanos para agilizar o evitar inspecciones de embarques agrícolas procedentes de Estados Unidos. Estas prácticas se habrían mantenido durante varios años, lo que obliga a investigar cuántos cargamentos ingresaron bajo condiciones irregulares, quiénes resultaron beneficiados y qué consecuencias dejaron en el mercado mexicano.

 

El asunto podría parecer otro episodio de corrupción administrativa, aunque sus efectos alcanzan directamente a los productores de maíz, trigo, sorgo y otros granos básicos. Cada embarque que entra sin controles suficientes aumenta la oferta disponible, ocupa espacio en bodegas, desplaza compras de cosechas nacionales y presiona los precios pagados al agricultor, especialmente durante los periodos de mayor producción.

 

México necesita importar granos para complementar su producción y atender la demanda de las industrias pecuaria, harinera, aceitera y alimentaria. El problema aparece cuando esas compras externas dejan de responder a necesidades reales del mercado y comienzan a crecer mediante privilegios, sobornos, inspecciones simuladas o controles relajados que rompen el equilibrio entre la oferta importada y la cosecha nacional.

 

Los controles aduaneros y sanitarios tienen una función precisa: verificar el origen, el volumen, la condición física y el cumplimiento de cada cargamento que pretende ingresar al país. Cuando una inspección se evita mediante un pago ilegal, México pierde capacidad para saber qué está entrando, en qué condiciones llega, cuál es su verdadera calidad y si cumple con los requisitos mínimos de sanidad y trazabilidad.

 

La corrupción abre la posibilidad de que ingresen granos con impurezas, humedad excesiva, daños por hongos, presencia de plagas, semillas de malezas o características inferiores a las exigidas por la industria mexicana. Esto no significa que todo el grano importado sea deficiente, pero una revisión omitida permite que mercancías cuestionables entren al país sin ser rechazadas, acondicionadas o castigadas en precio.

 

Ese grano puede llegar a México a precios muy bajos porque fue adquirido con descuento, presenta una condición comercial inferior o evitó costos, tiempos y procedimientos en la frontera. Después entra a bodegas, corrales, molinos y centros de consumo, donde compite contra una producción nacional que pagó tierra, agua, energía, maquinaria, fertilizantes, financiamiento, mano de obra y todos los riesgos propios del ciclo agrícola.

 

La consecuencia inmediata es la saturación de los canales de comercialización. Los compradores encuentran abundancia de producto importado, reducen sus compras nacionales, retrasan la recepción de cosechas locales o utilizan esa oferta externa como argumento para presionar los precios. El agricultor termina escuchando que no hay espacio, que el mercado está lleno o que debe aceptar condiciones menos favorables para poder colocar su cosecha.

 

En estados productores como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua, esta distorsión puede provocar daños profundos. El agricultor cosecha en una ventana corta y necesita vender para cubrir créditos, rentas, insumos y compromisos acumulados durante meses, mientras el importador puede programar embarques durante buena parte del año y aprovechar los momentos de mayor vulnerabilidad del productor nacional.

 

¿Qué oportunidad tiene un agricultor mexicano cuando su producción debe competir contra grano que pudo ingresar sin una inspección adecuada, sin trazabilidad suficiente y posiblemente sin cumplir la misma calidad exigida dentro del país? La competencia deja de depender de productividad, tecnología y eficiencia, y comienza a depender del acceso a funcionarios dispuestos a ignorar irregularidades a cambio de dinero.

 

La importación descontrolada también altera las señales del mercado. Al aumentar artificialmente la disponibilidad de grano, los compradores sienten menos urgencia, las referencias de precio se debilitan, aparecen mayores descuentos y se posponen contratos con productores nacionales. Parte de esa aparente abundancia puede provenir de cargamentos que nunca debieron ingresar bajo esas condiciones.

 

El daño continúa en el siguiente ciclo agrícola. Cuando los precios no cubren los costos, los productores reducen superficie, disminuyen inversiones, posponen mejoras tecnológicas o abandonan determinados cultivos. Así se debilita la capacidad productiva nacional, mientras las menores cosechas terminan utilizándose como argumento para justificar mayores importaciones y una dependencia creciente del exterior.

 

El gobierno debe investigar cuántos cargamentos fueron beneficiados, qué volúmenes ingresaron, qué funcionarios participaron y cuáles empresas obtuvieron ventajas indebidas. Proteger la producción nacional significa exigir que todo grano importado cumpla las mismas reglas de calidad, legalidad y transparencia aplicadas al agricultor mexicano. Cuando la corrupción abre la frontera, la cosecha nacional encuentra cerradas las puertas del mercado.

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.