Reinventando la Política
En la política mexicana, hay veces que una detención no sólo es un asunto judicial y se convierte en una señal de reacomodo del poder. La reciente detención de una pieza relevante para esclarecer el caso que movió a Sinaloa en julio de 2024, ocurre precisamente en uno de esos momentos en que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la importancia del testimonio del detenido para esclarecer lo ocurrido.
Ahora bien, a ese caso se suma el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, trasladado desde Argentina a México para enfrentar acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal. El movimiento resulta significativo porque coloca bajo investigación a una estructura que alcanza a altos mandos navales y que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha enfrentado el actual gobierno.
Vistos por separado, ambos casos pertenecen al terreno judicial. Vistos juntos, pueden leerse como parte de una misma lógica: el desmontaje gradual de redes de protección, lealtades y estructuras heredadas que comienzan a convertirse en un costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aquí aparece un paralelismo interesante con el tránsito de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo. No se trata de afirmar que la historia se esté repitiendo mecánicamente, sino de observar una constante del presidencialismo mexicano: cuando cambia el titular del poder, también comienza una disputa por determinar qué grupos, acuerdos, intereses y responsabilidades del pasado permanecerán vigentes y cuáles serán sacrificados.
El punto delicado para Sheinbaum es que ese proceso ocurre bajo una presión externa considerable. Washington ha incrementado las señales sobre corrupción, narcotráfico, seguridad y redes de protección política, mientras la propia presidenta ha rechazado que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México. La cancelación de visas a personajes vinculados políticamente con Morena y el debate alrededor de Andrés Manuel López Beltrán son parte de ese ambiente de presión.
Por eso, el verdadero problema no necesariamente es si Sheinbaum está rompiendo con López Obrador. El problema es que comienza a enfrentar una contradicción más profunda: la continuidad política puede convertirse en un obstáculo para la gobernabilidad cuando las redes construidas durante el sexenio anterior empiezan a ser investigadas, cuestionadas o utilizadas como instrumentos de presión internacional.
El caso Sinaloa y el caso Farías puede revelar hasta dónde llegaron las redes de poder dentro de instituciones estratégicas del Estado. Y ambos tienen algo en común: ponen a prueba la capacidad del actual gobierno para investigar estructuras que, de una u otra manera, forman parte del sistema político que heredó. Ese es el verdadero reacomodo.
En ese sentido, no necesariamente estamos ante una ruptura abierta entre Sheinbaum y AMLO, sino ante algo más complejo: un desmarque gradual, obligado por las circunstancias, en el que la presidenta necesita preservar la continuidad política mientras, al mismo tiempo, comienza a desprenderse de los costos acumulados de esa misma continuidad.
Y cuando las élites no terminan de ponerse de acuerdo en las alturas, el conflicto no desaparece: baja por las estructuras del poder y produce detenciones, investigaciones, rupturas, filtraciones, nuevos alineamientos y sobre todo reagrupamientos.
El tema ya no es solamente quién controla el gobierno, sino qué sectores del viejo poder sobrevivirán al reacomodo y cuáles terminarán convirtiéndose en el precio político de la transición.
Y la presidenta cuando toma el control de algo y ya tomó la decisión, en la mañanera ríe y ríe.
¿De qué se va reír en los proximos meses?
