Ruta Agrícola
Una fresa mexicana que cruce hacia Estados Unidos entre noviembre y marzo deberá enfrentar una gran barrera. El Departamento de Comercio fijó de manera preliminar cuotas antidumping de hasta 5.28 por ciento. La medida todavía no es definitiva, pero desde ahora altera contratos, costos, flujos de efectivo y decisiones de siembra en los dos mercados.
La tasa asignada a Driscoll’s Operaciones fue de 5.28 por ciento y la de Mainland Farms quedó en 3.37 por ciento. Para los demás productores y exportadores mexicanos se estableció un promedio de 4.83 por ciento. En términos prácticos, los importadores deberán entregar depósitos en efectivo mientras continúa la investigación. El riesgo es inmediato.
El conflicto comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando una coalición de productores de Florida presentó la denuncia. Al abrir el caso, Estados Unidos calculó un posible margen de dumping de 18.32 por ciento. La revisión de información empresarial lo redujo considerablemente, aunque mantuvo la conclusión preliminar contra México.
El alcance merece atención. La investigación cubre toda fresa fresca o refrigerada procedente de México que ingrese a Estados Unidos del primero de noviembre al 31 de marzo, sin importar si fue cultivada fuera de ese periodo. Esa ventana coincide con la cosecha de Florida y concentra buena parte del comercio mexicano.
En febrero, la Comisión de Comercio Internacional encontró indicios razonables de daño a la industria estadounidense y permitió continuar el caso. Sin embargo, de acuerdo con México, rechazó tratar la “fresa de invierno” como un producto diferente y tampoco aceptó la existencia de un mercado regional separado del mercado nacional. La duda persiste.
Ahí se encuentra el centro de la inconformidad mexicana. La Secretaría de Economía sostiene que Comercio retomó de manera arbitraria los conceptos de producto estacional y mercado regional, pese al criterio previo de la Comisión. También advierte posibles inconsistencias con las reglas antidumping de la OMC y con el T-MEC. El proceso sigue abierto.
La dimensión económica explica la preocupación. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Estados Unidos importó desde México alrededor de 201 mil toneladas, valuadas en más de 930 millones de dólares. Aplicar una tasa promedio de 4.83 por ciento sobre ese valor equivaldría a inmovilizar cerca de 45 millones de dólares. El costo comienza a sentirse.
El dinero funciona por ahora como garantía aduanera, no como una cuota definitiva. Aun así, alguien tendrá que pagarla ya. Parte del costo puede recaer en el importador, otra en el exportador mediante menores precios y otra en el consumidor. En un producto perecedero, con pocos días para venderse, el margen de negociación es especialmente estrecho.
Detrás de estas cifras hay casi 5 mil productores mexicanos; cerca del 97 por ciento trabaja superficies de diez hectáreas o menos. La cadena sostiene alrededor de 151 mil empleos permanentes y temporales. Para una pequeña unidad familiar, perder unos centavos por caja puede borrar la utilidad de una temporada completa. La presión llegará al campo.
Florida enfrenta costos elevados y una competencia mexicana creciente durante su principal ventana de cosecha. Esta presión es real y merece ser entendida. Vender más barato, por sí mismo, no demuestra dumping. La comparación debe considerar costos y precios de venta, variedades, calidades, temporalidad y sus condiciones comerciales.
La inquietud rebasa a la fresa. Si prospera la idea de dividir un producto por estación y construir mercados regionales a conveniencia, otros grupos agrícolas podrían intentar fórmulas parecidas contra tomate, chile, pepino o berries. ¿Estamos ante un caso aislado o frente a una nueva ruta para limitar las hortalizas mexicanas? La amenaza es mayor.
México necesita responder con una defensa jurídica y económica coordinada, apoyada por la Secretaría de Economía, productores, exportadores y especialistas. El expediente debe demostrar cómo se forman los precios, cuestionar la definición estacional, documentar el mercado nacional y preparar desde ahora mecanismos de revisión previstos en el T-MEC.
Las empresas aún tienen tarea. Deben ordenar costos por huerta, empaque, variedad, cliente y semana; conservar contratos, facturas, descuentos y gastos logísticos; y responder con precisión a cada requerimiento. En estas investigaciones, un registro incompleto puede convertirse en un margen adverso, aunque la operación comercial haya sido legítima.
Al mismo tiempo conviene revisar contratos para definir quién absorbe el depósito, fortalecer relaciones con compradores y evitar decisiones apresuradas de siembra. Diversificar destinos y estimular el consumo interno ayudan, aunque ningún mercado reemplaza pronto un flujo invernal de 900 millones de dólares.
Esta cuota entrará en vigor con la publicación oficial y las medidas provisionales podrán extenderse hasta seis meses. Después vendrán verificaciones, alegatos y resoluciones finales a principios de 2027. Los porcentajes pueden bajar, subir o desaparecer. Por eso sería un error minimizar el 4.83 por ciento o presentarlo como una condena definitiva.
La fresa mexicana ha ganado su lugar por calidad, oportunidad y el trabajo de miles de familias. Defenderla exige datos sólidos, unidad y una estrategia que mire más allá de este embarque. Cuando el comercio se vuelve terreno de disputa, cada factura cuenta como una semilla de evidencia; de cómo la cuidemos dependerá la próxima cosecha. Hay futuro.
Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.
