Hay una imagen que comienza a repetirse en la historia política de México: las madres buscando a sus hijos mientras el Estado transita de un régimen a otro.
En los años setenta, durante la llamada Guerra Sucia, fueron las madres quienes salieron a las calles para exigir la aparición de jóvenes desaparecidos por razones políticas. Frente al autoritarismo del viejo régimen, su búsqueda se convirtió en una acusación permanente contra el poder. De esa lucha se oyó la voz imponente de doña Rosario Ibarra de Piedra. Y también acá, en Sinaloa, hubo luchas de madres que buscaban a sus hijos.
Medio siglo después, otras madres alzaron la voz y visibilizaron las despariciones, recorriendo desiertos, montes, carreteras y fosas clandestinas buscando a sus hijos. Hoy en día, ya no se buca a militantes o guerrilleros desaparecidos por el Estado: se buscan a víctimas de una violencia criminal que, en demasiadas ocasiones, ha crecido entre la incapacidad, la omisión o la complicidad de las instituciones.
Esta vez —al parecer— los perpetradores de las desapariciones son las organizaciones criminales y el Estado luce paralizado o atendiendo en cámara lenta. No sabemos si por aquiescencia o por somnolencia.
Lo más preocupante es que las madres buscadoras no solo enfrentan el abandono institucional, también enfrentan amenazas, atentados y asesinatos. La historia parece lanzar una advertencia incómoda: cambiaron los partidos, cambiaron los discursos y cambió la élite gobernante, pero las madres siguen ocupando el mismo lugar: el de quienes buscan a sus hijos cuando el Estado no puede —o no quiere— encontrarlos.
Y quizá esa sea la verdadera prueba de cualquier transformación política: no quién gobierna, sino, primero, que no se pierdan nuestros jóvenes; y si una madre puede buscar a su hijo sin convertirse ella también en víctima.
Ahí radica la verdadera transformación.
