Ruta Agrícola

 

Una deuda agrícola nunca permanece únicamente en un estado de cuenta. Entra a la casa del productor, compromete la parcela, detiene inversiones y convierte cada nuevo ciclo en una decisión angustiante. Para miles de familias rurales, salir de esa presión significa recuperar el patrimonio y la posibilidad de comenzar nuevamente.

El programa federal “Volver a Crecer” busca liquidar o reestructurar cerca de 70 mil créditos impagables heredados de la desaparecida Financiera Nacional de Desarrollo. La medida podría beneficiar a alrededor de 60 mil mujeres y pequeños productores que durante años permanecieron atrapados en una cartera prácticamente imposible de recuperar.

Los adeudos inferiores a 45 mil Unidades de Inversión, equivalentes actualmente a cerca de 400 mil pesos, podrán liquidarse completamente. En este grupo se encuentran poco más de 41 mil acreditados, quienes tendrían acceso a una carta finiquito sin necesidad de realizar un pago adicional.

Para las deudas mayores a ese límite y menores a 10 millones de pesos, el programa contempla un descuento del 30 por ciento sobre capital e intereses. El saldo restante podrá cubrirse mediante pagos mensuales fijos, en plazos de uno a tres años y con una tasa anual de 8.5 por ciento.

Al concluir el procedimiento, los beneficiarios podrán recibir su carta finiquito, recuperar las garantías entregadas y cancelar los procesos judiciales relacionados con el crédito. También podrán solicitar la actualización de su historial en el Buró de Crédito, un paso indispensable para recuperar su capacidad financiera.

Conviene entender que estamos ante una regularización diferenciada de cartera, no frente a un perdón generalizado para cualquier deuda. El beneficio dependerá del monto, las condiciones del expediente y el cumplimiento del procedimiento establecido. Cada productor deberá confirmar individualmente cuál alternativa le corresponde.

Buena parte de estos adeudos se acumuló después de sequías, bajos precios, problemas de comercialización, incremento de insumos y pérdidas productivas. Cuando una cosecha falla, el crédito permanece; después llegan los intereses, las penalizaciones y una cadena que termina comprometiendo bienes construidos durante generaciones.

La Financiera Nacional fue extinguida en 2023, dejando una cartera vencida considerable y un vacío profundo en el financiamiento rural. Desde entonces, muchos pequeños productores dependen de bancos comerciales, proveedores, intermediarios y parafinancieras que frecuentemente exigen garantías o cobran tasas difíciles de sostener.

Aquí aparece la pregunta que debería acompañar toda la discusión: ¿qué hará un agricultor después de liquidar su deuda si todavía carece de recursos para sembrar? Limpiar el historial crediticio abre una puerta, pero detrás de ella debe existir una verdadera opción de financiamiento productivo.

En Sinaloa, este problema tiene un peso especial. Sembrar granos requiere inversiones crecientes en semilla, fertilizantes, combustibles, renta de tierras y labores agrícolas. En frutas y hortalizas, los costos son mucho mayores y los riesgos climáticos, fitosanitarios y comerciales pueden cambiar de una semana a otra.

El Gobierno Federal tendría que acompañar el programa con garantías públicas, seguros agrícolas, tasas competitivas y créditos vinculados con el calendario de cada cultivo. De poco servirá liberar una parcela cuando su propietario tenga que volver a empeñarla para financiar el siguiente ciclo.

El trámite debe realizarse de manera personal, directa y gratuita ante las instancias responsables. Ningún gestor puede garantizar la liquidación o reestructuración de un crédito a cambio de dinero. Los productores deben conservar copias de sus documentos y solicitar por escrito cada resolución relacionada con su expediente.

Las organizaciones agrícolas también pueden desempeñar un papel importante orientando a sus agremiados, revisando expedientes y evitando abusos de falsos intermediarios. Además, deberían aprovechar esta coyuntura para impulsar fondos de garantía, compras consolidadas y esquemas colectivos de administración de riesgos.

Será necesario establecer reglas claras para distinguir entre insolvencias provocadas por crisis productivas y conductas deliberadas de incumplimiento. Esa diferencia protege los recursos públicos, mantiene una cultura responsable de pago y permite concentrar el apoyo en quienes realmente perdieron su capacidad económica.

Resolver una cartera imposible de cobrar tampoco debe entenderse como un regalo. Mantener tierras embargadas, productores fuera del sistema financiero y expedientes judiciales durante años cuesta dinero al Estado. Reactivar esos activos puede generar producción, empleos, consumo local y una recuperación económica más valiosa.

El verdadero éxito llegará cuando una garantía liberada vuelva a convertirse en parcela productiva y cuando el agricultor pueda financiarse en condiciones razonables. Liquidar las deudas ayudará a cerrar una etapa dolorosa; devolverle crédito al campo permitirá sembrar la siguiente.

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