Un agricultor puede lograr una buena cosecha y terminar el ciclo sin dinero para volver a sembrar. Basta con que coincidan un rendimiento menor al esperado, una caída del precio o gastos superiores al presupuesto. Cuando esos riesgos se acumulan, la preocupación rebasa al productor: también compromete empleos, negocios rurales y la capacidad de seguir abasteciendo alimentos.

La advertencia fue presentada hace apenas unos meses, en Brasilia, durante el 39.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. La formuló QU Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ante representantes de los países de la región.

Su diagnóstico reunió presiones sobre los precios, limitaciones presupuestarias, menor financiamiento para el desarrollo, tensiones geopolíticas y fenómenos climáticos más intensos. La preocupación fue cómo proteger los avances contra el hambre mientras aumenta la incertidumbre. Mi lectura es que resolver un problema y dejar pendientes los demás mantiene vulnerable al campo.

La actualización de los mercados ayuda a dimensionar el desafío. El índice de precios de los alimentos de la FAO, publicado el 4 de septiembre, mostró que en agosto de 2026 las cotizaciones internacionales aumentaron cerca de 2% mensual. Aun así, permanecieron alrededor de 17% por debajo del máximo de marzo de 2022.

En ese mismo reporte, los cereales subieron alrededor de 2% mensual, impulsados por la demanda, preocupaciones climáticas y dificultades en los flujos de exportación del mar Negro. Para nuestro campo, la lectura exige cautela. Una mejora internacional puede abrir oportunidades, pero no garantiza que cada agricultor venda mejor.

El frente financiero merece una lectura cuidadosa. La FAO advirtió sobre presupuestos limitados y recursos para el desarrollo más reducidos y selectivos. Para evaluar un crédito agrícola, conviene mirar mucho más que la tasa; también las garantías exigidas, las comisiones y el calendario de pagos. El financiamiento debe llegar cuando se necesita y permitir invertir sin comprometer la siguiente siembra.

En Sinaloa, la respuesta debería empezar antes de sembrar: cruzar disponibilidad efectiva de agua, costos completos y posibilidades reales de venta. Concentrarse únicamente en el volumen de las presas dejaría fuera otras partes del negocio. La meta debe ser una cosecha con salida comercial y posibilidades razonables de rentabilidad, incluso cuando el rendimiento o el precio resulten inferiores a lo previsto.

Los riesgos tampoco se reparten por igual. Pensemos en dos agricultores ante una misma pérdida. Uno cuenta con reservas, seguro y varios compradores; el otro depende de un crédito y necesita vender inmediatamente. El daño inicial puede ser parecido, pero su capacidad de recuperación será distinta.

Durante la conferencia, QU Dongyu destacó que los sistemas agroalimentarios sostienen más de 100 millones de medios de vida en la región. También defendió el apoyo a los agricultores durante las crisis para acelerar su recuperación. La enseñanza para México es clara: proteger la capacidad productiva debe formar parte de la política de seguridad alimentaria, junto con el acceso de las familias a los alimentos.

Al gobierno le corresponde actuar antes de la emergencia. Se requieren garantías de crédito, seguros con coberturas comprensibles y pagos oportunos, además de inversión para conservar agua. Cada programa debería publicar sus beneficiarios y resultados, mostrando cuánto ayudó a recuperar producción e ingresos, además de cuánto dinero se ejerció.

Los productores pueden preparar presupuestos con escenarios favorables, intermedios y adversos, calculando rendimientos y precios. Sus organizaciones podrían evaluar compras conjuntas y opciones comerciales antes de ampliar superficie. Cambiar de cultivo sin conocer al comprador puede trasladar el problema en lugar de resolverlo.

La tecnología debe responder una pregunta práctica: ¿cuánto riesgo reduce y qué beneficio deja al agricultor? Universidades, investigadores y empresas deberían validar localmente variedades, estrategias de riego y herramientas de monitoreo. Conviene ampliar las demostraciones con asistencia técnica y transparencia para impulsar soluciones útiles.

Comercializadores, distribuidores y exportadores deben asumir compromisos verificables. Contratos con criterios claros de calidad, descuentos conocidos y fechas de pago definidas ayudarían a ordenar la relación con el productor. Las organizaciones agrícolas podrían negociar colectivamente esas condiciones.

Como sociedad, podemos exigir transparencia en los apoyos y respaldar iniciativas que acerquen alimentos a familias vulnerables sin deteriorar el ingreso del productor. Bancos de alimentos y compradores institucionales podrían coordinar el aprovechamiento de excedentes aptos para consumo. La tarea consiste en conectar producción, distribución y acceso a la alimentación.

La advertencia de la FAO merece convertirse en decisiones, presupuestos y acuerdos que lleguen al campo. Para Sinaloa, prepararse significa cuidar el agua, hacer cuentas completas y construir relaciones comerciales confiables. Una cosecha vale por los alimentos que entrega y por la posibilidad que deja de volver a sembrar. Proteger esa continuidad es cuidar el trabajo y la esperanza de nuestras comunidades.

Esto fue Ruta Agrícola, donde cosechamos información.