El día de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo un llamado a los gobiernos municipales para combatir la delincuencia sin distinciones partidistas. Una declaración que parece obvia, pero que en la realidad política mexicana adquiere una dimensión particular.
La seguridad pública no debería depender del partido que gobierna. Sin embargo, el problema va mucho más allá de la coordinación entre Federación, estados y municipios. También implica revisar las relaciones de complicidad que, en ocasiones, pueden establecerse entre estructuras criminales y autoridades… y ese es el discurso desde Washington.
Profesionalizar las policías, invertir en inteligencia, fortalecer las capacidades municipales y mejorar la coordinación institucional son tareas indispensables que se hicieron en el México de la transición, pero acabó el mando civil por entregar la seguridad a los mandos militares. Ahora bien, ninguna estrategia será suficiente si no existe voluntad para investigar a funcionarios públicos cuando haya indicios de vínculos con organizaciones criminales. Volvemos al discurso Trumpiano: discurso y reclamo.
En el contexto de seguridad en Sinaloa, el planteamiento tiene especial relevancia. La inseguridad no se resuelve solamente con patrullas, vehículos blindados o despliegues militares. Combatir al crimen sin distinciones políticas significa que no debe haber protección partidista ni excepciones institucionales. No importa si quien gobierna pertenece a Morena, al PRI, al PAN o a cualquier otra fuerza política.
El pareciera que, con su declaración, el secretario Harfuch dio aviso de algo, de una nueva fase en la que entran los órganos de seguridad posterior a la firma de convenio entre Sedena y SSPC, donde ya se han visto resultados de ese trabajo en conjunto, trabajo en el que las agencias americanas aseguran que han colaborado.
Bien dijo el nieto del general: la seguridad no tiene colores partidistas, eso sí; pero garantizarla sí es una decisión política, y no hacerlo también, porque la omisión del Estado frente a la inseguridad no es neutralidad: es una forma de ejercer el poder… y vaya que lo están ejerciendo.
