Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos tras los hechos ocurridos en el Colegio Inglés de Durango, donde amaneció una corona fúnebre durante el regreso a clases, informó la autoridad investigadora hoy jueves 17 de septiembre del 2026.
Los presuntos responsables fueron identificados como Benito “N”, de 43 años de edad, y María “N”, de 45 años.
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¿Qué dice la investigación de la Fiscalía?
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2026, en una institución educativa ubicada en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.
La Fiscalía informó que, presuntamente, ambas personas habrían realizado una pinta en las instalaciones del plantel educativo, ubicado al norte de Culiacán, en la que dejaron un mensaje de amenaza y una corona fúnebre.
De acuerdo con la información periodística, fue en una barda donde se escribió una amenaza contra la institución y a un costado dejaron una corona de flores.
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Tras el hecho, ese mismo día, la Secretaría de Educación Publica y Cultura (SEPyC) explicó que las clases en el colegio privado no se suspendieron. Sin embargo, sí se registró ausentismo porque algunos padres y madres de familia decidieron no enviar a sus hijos. Días después, un grupo de padres exigió que se esclareciera el hecho y expresaron nerviosismo ante un posible nuevo ataque.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se desplegó el operativo de seguridad en el colegio donde ocurrió el incidente, así como en todas las escuelas en Sinaloa.
El colegio informó que tomaría las medidas correspondientes y se actuaría en función de la ley.
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¿Cómo fue la detención?
Elementos de Unesa dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión y pusieron a Benito “N” y María “N” a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
