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Mazatlán, Sinaloa. — José Eliseo “N” y Juan Alberto “N” fueron vinculados a proceso este martes 1 de septiembre por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, luego de que presuntamente obligaran a una persona a subir a un vehículo el pasado 1 de marzo, en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata de Mazatlán, Sinaloa, donde posteriormente habría sido privada de su libertad.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la víctima logró pedir auxilio al percatarse de la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, quienes intervinieron ante la situación y detuvieron a los ahora imputados.
¿Cómo ocurrió el presunto secuestro?
La carpeta de investigación establece que los señalados presuntamente obligaron a la víctima a abordar un vehículo para después privarla de su libertad. Sin embargo, la presencia de elementos navales permitió que la persona solicitara ayuda y que se concretara la intervención de las autoridades.
A partir de estos hechos, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas realizó las investigaciones correspondientes y posteriormente judicializó la carpeta.
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¿Por qué fueron vinculados a proceso?
Durante la audiencia, el juez determinó vincular a proceso a José Eliseo “N” y Juan Alberto “N” por el delito de secuestro agravado, al considerar los elementos presentados por la representación social.
¿Qué medida cautelar enfrentarán?
Los dos imputados permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que fue ratificada durante la audiencia y que deberán cumplir mientras avanza el proceso penal.
¿Cuánto durará la investigación?
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo datos y elementos relacionados con el caso.
La investigación busca esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras el proceso continúa, los imputados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.
