Vinculan a proceso a Vargas Landeros y exfuncionarios del Ayuntamiento de Ahome por contrato para cobrar el predial

Culiacán, Sin.- Tras casi 10 horas de audiencia, el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los integrantes del Comité de Adquisiciones durante su administración fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública derivado de supuestas irregularidades en la contratación de una empresa para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial.

¿De qué se acusa a Gerardo Vargas Landeros y al Comité de Adquisiciones?

El Ministerio Público acusó a Gerardo Vargas Landeros y al Comité de Adquisiciones de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público por un contrato con la empresa Extratimex para que cobrara la cartera vencida del Ayuntamiento de Ahome, la cual constaba de 63 mil 145 claves catastrales por un monto total de 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos. De dicha cantidad, se le pagaría una comisión del 35 por ciento, lo que se traduciría en una comisión de 937 millones 256 mil 750 pesos.

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¿Qué argumentó la defensa?

Los defensores jurídicos de Vargas Landeros y los otros seis imputados solicitaron la improcedencia de la vinculación basándose en diversos argumentos, entre los que destacan los siguientes:

-La contratación se realizó con recurso estrictamente municipal, por lo que no podría ser aplicada la Ley Estatal de Contrataciones, ya que la Fiscalía no comprobó que se hubiera utilizado recurso estatal.

-La cifra de 937 millones de pesos corresponde al crédito total de la comisión que pudo haber cobrado la empresa contratada, pero esta cifra solo corresponde al objetivo de Extratimex y no al pago realizado por el municipio, el cual fue de poco más de 1.5 millones de pesos, cifra que no supera el mínimo requerido para obligar al municipio a realizar una licitación.

-La Fiscalía, en ningún momento, comprobó que el monto pagado significara un daño al erario público, sino que, al contrario, se trató de un mecanismo para que el municipio tuviera más recursos.

-Solicitaron la prescripción de esta causa pena  al asegurar que los plazos para la investigación ya habían fenecido, de acuerdo con lo indicado en la ley.

-Aseguraron que el Ayuntamiento de Ahome solo contaba con cinco personas en campo para realizar la cobranza, por lo que era imposible cobrar el adeudo histórico de 60 mil claves catastrales.

-Señalaron que, antes de firmar el contrato con Extratimex, se analizaron otras tres propuestas, pero se determinó adjudicar este contrato a la empresa en turno debido a que contaba con el software necesario para la protección de los datos de los acreedores, lo que hacía al proveedor el más apto para esta labor.

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¿Qué contraargumentó la Fiscalía?

El Ministerio Público señaló que el hecho de que el contrato no tuviera un monto específico no eximía de realizarlo mediante licitación, sino todo lo contrario, ya que el Ayuntamiento de Ahome se debió apegar a la regla general de la licitación pública.

Añadió que el municipio no realizó ningún estudio de mercado para determinar la contratación y que el propio municipio había recaudado más recursos que Extratimex, por lo que no era necesaria su contratación.

Argumentaron que Extratimex simuló trabajo llenando formularios apócrifos y presentaron documentos firmados por personas que, presuntamente, ya habían fallecido.

Puntualizó que la Ley Estatal de Adquisiciones se aplica a todo tipo de contrataciones que se realizan a través del Comité de Adquisiciones y que el hecho de ser recurso municipal no los exime de realizar la licitación pública.

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¿Cuál fue la decisión del juez?

Tras la discusión, el juez de control Carlos Alberto Herrera vinculó a proceso a los imputados y dictó, como medida cautelar, la presentación periódica cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares, el que no puedan salir del país sin previa autorización del tribunal y la suspensión temporal del cargo de la síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores, y la regidora Judith Elena Luna Castro, quienes ya habían recibido esta medida cautelar en otras audiencias.

¿Cuándo se dará continuidad a esta audiencia?

Por último, el juez de control otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

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