Detienen a cuatro hombres armados con 315 dosis de presunta cocaína en Rosario, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.-Pensaron que el robo a un domicilio quedaría impune, pero no fue así. Jesús Rafael “N” fue condenado a tres años de prisión por ingresar sin autorización a una vivienda y sustraer diversos objetos en la colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán, Sinaloa el 4 de agosto de 2024, así lo informó este martes 20 de octubre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el acusado fuera declarado responsable del delito de robo calificado en lugar habitado, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá cubrir una multa de 8 mil 685 pesos y pagar 41 mil 550 pesos por concepto de reparación del daño a la víctima.

¿Qué ocurrió en la colonia Ramón F. Iturbe de Mazatlán, Sinaloa?

De acuerdo con los datos de prueba presentados en el caso, los hechos ocurrieron cuando Jesús Rafael “N” ingresó sin autorización a un domicilio particular y tomó diversos objetos que pertenecían a la víctima.

Después de sustraer las pertenencias, el hombre se retiró del inmueble.

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La Fiscalía no detalló qué artículos fueron robados ni precisó el valor total de los bienes sustraídos.

El caso fue atendido por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo a Comercio, Robo a Casa Habitación y Robo Bancario de la Región Sur, área que llevó las acciones legales para obtener la resolución condenatoria.

¿Cuántos años pasará en prisión?

La autoridad judicial impuso a Jesús Rafael “N” una pena de tres años de prisión por el robo calificado en lugar habitado.

A esta sanción se suman las obligaciones económicas establecidas en la sentencia.

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¿Cuánto deberá pagar por el robo?

El sentenciado tendrá que cubrir 8 mil 685 pesos de multa y 41 mil 550 pesos para la reparación del daño, lo que representa un total de 50 mil 235 pesos por ambos conceptos.

La Fiscalía estatal informó sobre la resolución este martes 20 de octubre, como parte de las acciones ministeriales emprendidas para sancionar los delitos patrimoniales en Sinaloa.

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