Culiacán, Sin.- La sesión secreta celebrada este viernes en las instalaciones del Congreso del Estado tuvo como objetivo iniciar el proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, según confirmaron fuentes del Poder Legislativo que pidieron secrecía ante alguna posible violación a la ley.
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De acuerdo con la información, se decidió seguir el trámite de las solicitudes interpuestas. Fue el pasado 14 de marzo cuando el grupo Pueblo Unido por Culiacán presentó en Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Sinaloa, la demanda de juicio político en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, mediante la cual buscan la destitución de su cargo, la cual fue acompañada de 10 mil firmas.
Posteriormente, el 29 de marzo la Junta de Coordinación Política confirmó una nueva solicitud presentada por viudas de policías, ante la falta de pagos de parte del Ayuntamiento ante las reformas a la Ley de Seguridad Pública. Ambos casos fueron puestos a consideración del pleno este viernes.
En una de las conferencias semaneras, el gobernador Rubén Rocha Moya pidió al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que no le dé consejos, que se dedique a administrar el Ayuntamiento y él lo hará con Gobierno del Estado, respecto a las declaraciones del presidente municipal donde ha manifestado que con los 20 millones de pesos que quiere aportar para pagar a viudas de policías, mejor haga obras o lo destine a servicios.
Cada uno de los dictámenes tuvo la misma votación, 32 votos a favor (21 de Morena, 8 del PRI, uno del PT, uno de Movimiento Ciudadano y otro de un diputado sin partido) y siete en contra (5 del PAS y dos de Morena), además de que el diputado Jesús Ibarra decidió abandonar la sesión.
Los votos en contra fueron de Elizabeth Chia, Alba Virgen Montes, Gene René Bojórquez Ruiz, Viridiana Camacho, Victoria Sánchez, María de Rosario Osuna y María Aurelia Leal.
De acuerdo con lo que marca la ley, ahora será la Comisión Instructora, presidida por el diputado Marco César Almaral, quien llevará el desahogo del proceso, quien notificará tanto al alcalde como al resto de los Poderes del Estado.
El siguiente paso, según el cronograma, será que la Comisión Instructora dentro de los tres días siguientes de recibido el expediente, hará llegar al denunciado copia de la denuncia y de las constancias que se estimen necesarias, emplazándole para que en un término de siete días hábiles siguientes a la notificación, en uso de su garantía de audiencia, comparezca personalmente o conteste por escrito sobre la materia de la denuncia, ofrezca pruebas y designe defensor si lo estima conveniente.
Concluido el término de contestación de la denuncia, la Comisión Instructora procederá a la calificación, admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, dentro de un periodo de veinte días hábiles, pudiendo además allegarse las que estime necesarias. Si no es posible recibir oportunamente las pruebas admitidas o se considera necesario allegarse otras, la Comisión podrá ampliar el plazo por el tiempo estrictamente necesario, sin que pueda exceder de quince días hábiles.
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