Culiacán, Sin.- Once trabajadores pensionados presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una solicitud de demanda de procedencia de juicio político en contra de Carla Úrsula Corrales Corrales, presidenta municipal de Cosalá, acusándola de desempeñar acciones en contra de jubilados y pensionados, quienes legalmente tienen derecho a disfrutar de pensiones conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, el cual es desconocido por la misma alcaldesa.
Martín Ramos Corrales, representante legal de los promoventes, señaló que Corrales Corrales retiró de manera autoritaria dichas pensiones, fuera de todo contexto legal, sin tener facultades para ello, puesto que el artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece con toda precisión cuáles son las facultades de la presidenta. Señaló que aunque la alcaldesa argumenta que no hay dinero en el ayuntamiento, el gobernador Rubén Rocha Moya ya envió una partida para ello en su pasada visita al municipio, donde fue abordado por los quejosos.
“De ahí que, sin ser una autoridad competente, sin mediar un juicio donde se siguieran las formalidades en hacer el procedimiento, procede y retira las pensiones de estos compañeros, cosa que no está estipulado en ninguna ley en el estado de Sinaloa como una facultad exclusiva del presidente municipal”, dijo.
Ramos Corrales, indicó que también existen 16 demandas de trabajadores sindicalizados despedidos de manera arbitraria sin causa justificada, además de que otras 10 personas más que sufrieron el retiro de la pensión no quisieron intervenir ni tampoco se animaron a demandar por cuestiones económicas, de salud, ignorancia o no querer problemas con esa familia. Ante esta situación, señaló directamente a la alcaldesa como responsable de lo que pueda ocurrirle a él y a sus representados.
“Públicamente tu servidor, licenciado Martín Ramos Corrales, acusa a Carla Úrsula Corrales Corrales y a José Juan Conde Madueño de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, al igual que lo que le pueda pasar a mis representados como a las familias de cada uno de ellos. Lo expuesto con anterioridad es en virtud de la forma de desarrollar su vida cotidiana de ellos”, comentó.
Recalcó, que dicha solicitud es por abuso de autoridad y administración indebida de la función pública, más lo que resulte, pues ambos son considerados delitos por el Código Penal.
