Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado morenista Feliciano Castro Meléndrez, reconoció que el pasado viernes en la sesión secreta se inició el procedimiento de juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y aclaró que la ley establece un plazo legal de hasta 60 días hábiles, aunque ello dependerá de la dinámica y el ritmo de la Comisión Instructora, pues incluso este periodo pudiera ser menor.
Recordó que la ley exige mantener la información en reserva para garantizar el respeto y el cumplimiento del procedimiento legal, pues de no cumplirse se podría traducir en actos que violan la propia normatividad, además de que la Ley Orgánica del Congreso establece la posibilidad de realizar las sesiones de manera secreta. Por lo tanto, para cumplir el debido proceso, se tiene que garantizar el respeto a la Ley y al debido proceso, así como a los derechos humanos y la observancia de las facultades y atribuciones que tiene la asamblea legislativa.
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“Le corresponde a una instancia muy concreta y vamos a ser muy respetuosos para garantizar justamente la presunción de inocencia, el derecho de audiencia. Así como lo decía hace un momento, vamos a observar de manera irrestricta las atribuciones y facultades del Congreso, a partir de lo que establece la Ley. Ni más ni menos”, dijo.
Indicó que los trabajos que siguen corresponden a la Comisión Instructora, quien tendrá que hacer la investigación correspondiente y ésta, con el desahogo de todo el proceso, va a determinar si existen o no los elementos a partir de los cuales se pueden establecer que hubo la comisión de agravios que afectan los intereses públicos. Dijo que no entrarán en lógicas o dinámicas de acusaciones de ningún tipo, sino que asumirán el proceso con toda madurez, recalcando que una de las consecuencias del juicio podría ser la destitución del presidente municipal.
“El juicio político puede llevar a la destitución del funcionario, según el cargo que tenga. Esa puede ser la consecuencia pero, reitero, esto será un asunto que resultará de la investigación. Esa es la consecuencia que establece la ley”, comentó.
Castro Meléndrez recordó que en su momento el Congreso del Estado recibió cuatro solicitudes de juicio político en contra de Estrada Ferreiro, de las cuales dos se desecharon. Una por no haber sido ratificada, mientras que la otra fue debido a que no reunía los requisitos que establece el procedimiento. El resto sí reúnen la característica de idoneidad que establece el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, cuya norma señala que el proceso tiene que ser bajo reserva.
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