Culiacán, Sin.- Luego de casi cinco horas de celebración de la continuación de la audiencia inicial, la Dra. Amayrani, acusada de la muerte de la joven Leslie Paulina, tras una mini lipo mal realizada en una clínica “patito” de Culiacán, fue vinculada a proceso, señalada como responsable de los delitos de homicidio y usurpación de profesión. El juez Adán Alberto Salazar Gastélum, determinó que la ahora vinculada llevará su proceso penal en libertad; Duró cinco días en prisión preventiva.

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De acuerdo con lo expuesto, durante el ejercicio judicial, la doctora Amayrani habría quedado en libertad porque la solicitud de prisión preventiva, emitida por la Fiscalía General del Estado, no fue bien fundada y no hubo elementos para considerar que continuara detenida.

Como medidas cautelares, el juzgador solicitó a la ahora vinculada, la cantidad de 300 mil pesos a pagarse en un plazo no mayor a 15 días naturales, ello, como una garantía para el proceso. Se ordenó también, la prohibición total de cualquier actividad que tenga relación con el ejercicio de la salud, bajo el argumento de ser considerado un “riesgo a la comunidad”, (explicado así por el juez)

Finalmente, se ordenó a la doctora Amayrani, a acudir cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) a firmar un documento, para que conste que durante el proceso que se llevará en su contra, no tenga la intención de salir de la ciudad, del estado o del país.

Durante el desarrollo de la audiencia, se expusieron algunos datos, que ya se habían revelado en la audiencia inicial del pasado 12 de agosto; En el debate, los representantes de la Fiscalía General del Estado, dieron a conocer múltiples elementos que estuvieron integrando en la carpeta de investigación.

Según lo mencionado, la ahora vinculada Amayrani, cuyo titulo profesional la coloca como licenciada en medicina general, no estaba capacitada, ni tenía formación especializada para realizar ese tipo de intervenciones estéticas, además, de que no contaba con los conocimientos que avalaran su actividad y tampoco contaba con los instrumentos necesarios para llevar a cabo estas cirugías, recordó el Ministerio Público.

Señalaron, también, que como parte de la investigación, y con base en una constancia de estudios presentada por la defensoría de la doctora, se detectó que dicho documento, consistía en un curso de Hidrolipoescultura, el cual tuvo una duración de un año, y habría sido expedido por la Secretaría de Educación Pública del estado de Durango y cuya certificación, está en trámite, debido a retrasos por motivo de la pandemia de COVID-19; Con ello, sugirió Fiscalía, no contaba con experiencia que requiere la Asociación Nacional de Medicina.

Al cierre de la exposición de motivos, la Fiscalía solicitó un plazo de tres meses para agregar datos de prueba a la carpeta de investigación, a lo que la parte defensora estuvo de acuerdo, razón por la que, tentativamente, será el próximo 17 de noviembre cuando se de continuidad con este proceso.

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