Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, diputada del Congreso de Sinaloa. Foto: Scarlett Nordahl.

Mazatlán, Sin.- No podemos ser cómplices de actos de irresponsabilidad, corrupción y abuso, en este caso ejercido por elementos de Seguridad Pública hacia la ciudadanía, es por ellos que el abuso policial que se ha venido registrando en municipios como Ahome y Culiacán, debe ser castigado, así lo señaló Verónica Guadalupe Bátiz Acosta.

La diputada del Congreso de Sinaloa, durante su gira de trabajo para la creación de política de paz, condenó los últimos sucesos donde elementos de seguridad se han visto envueltos en casos de abuso policial, sobre todo, porque son estos mismos entes los que se encargan de garantizar y salvaguarda el bienestar e integridad de la ciudadanía, por lo que no es posible que desde este lado se estén violentando los derechos de los mismos.

“Hay que atender el problema, no podemos ser omisos de ejercer la justicia y menos nosotros los responsables de poder brindarle a la sociedad el sentido de paz y en este caso de seguridad que necesita para su desarrollo. Aquel que resulte responsable de un ilícito, es simple y sencillamente aplicar la justicia. Yo creo que los ciudadanos no queremos ir más allá de otra cosa, ni ser tampoco cómplices de acto de irresponsabilidad o corrupción. Solamente queremos una ruta de justicia apropiada, adecuada y asertiva”, comentó.

El llamado que realizó a los municipios donde se registraron estos casos, así como a los responsables de investigar y deslindar responsabilidades fue a no tolerar estas situaciones, tomar las medidas que dicta la ley y a su vez, que en el proceso no solo se aplique el castigo, también se de el acompañamiento y seguimiento apropiado para que el elemento que cometió el abuso no vuelva a reincidir, ni hacer uso de la fuerza y la violencia para imponerse.

Precisó, que no ser omisos ante este tipo de casos son necesario para reforzar la sensación de seguridad y confianza que tiene el ciudadano hacia las instituciones que son las encargas de vigilar y garantizar el bienestar de la población, por lo que no hay justificante hacia estos reprobables hechos.

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