Culiacán, Sin.- Dos de las principales modificaciones que trajo a la legislación local la armonización de la Ley Estatal de Educación Superior con la Ley General, fue tanto el de llevar a cabo consultas a las comunidades universitarias para reformar leyes orgánicas de dichas instituciones, como la fiscalización y auditoría de los recursos estatales que reciben, situaciones en las que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha mantenido en desacuerdo, informó el presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso, José Manuel Luque Rojas.
El diputado morenista indicó que tanto la Ley General como la Constitución Federal marcan que el ente legislativo tiene la facultad de realizar dicha consulta. A nivel estatal se plasmó en la ley que ésta se puede hacer en coordinación con las universidades, con las cuales se pueden acordar logística y metodología. Sin embargo, la propuesta del Partido Sinaloense y de la misma UAS era que las universidades se hicieran autoconsultas y luego pasaran los resultados al Congreso, lo cual está fuera de la lógica de la misma normatividad.
“No es eso lo que establece la Constitución y la Ley General, es el órgano que legisla el que consulta y el que recoge las opiniones de todos y luego valora y pondera y elabora, digamos, el producto legislativo en este caso las leyes orgánicas. Ese es el fondo del asunto, esa es una de las cosas que ellos alegan como una flagrante violación a la autonomía y por eso nosotros estamos plenamente convencidos de la constitucionalidad y la legalidad de esa modificación en particular”, dijo.
Otro de los aspectos importantes que modifica la armonización de la normatividad estatal con la Ley General de Educación Superior es lo que corresponde a la fiscalización estatal de los recursos que las universidades reciben.
Señaló que el alegato de la UAS es que ello no puede llevarse a cabo ya que los recursos que el Estado le otorga como parte del subsidio a la Casa Rosalina son federales. Sin embargo, el legislador aclaró que se trata de recursos de libre disposición por parte del Estado.
“El presupuesto del Estado se integra ciertamente en su mayor parte por recursos que llegan de la Federación, pero no son recursos gratis, son recursos de libre disposición que el estado tiene y que, en el marco de las obligaciones de financiamiento que hay con las universidades públicas, de esos recursos se otorgan cuando menos una buena parte a las universidades. Entonces ellos dicen que no tiene derecho el Estado a fiscalizarles”, comentó.
Por otra parte, Luque Rojas indicó que le llamó la atención que, en su posicionamiento de este miércoles, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, no haya hecho mención de los datos de la encuesta de CE Research, donde el 91.7 por ciento de la comunidad universitaria quieren votar para elegir al rector de la UAS, ni tampoco haya retomado información respecto a que el 61 por ciento de la nómina de dicha institución educativa son afiliados al Partido Sinaloense.
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