Mazatlán, Sin.- Desde que el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa comenzó a operar han registrado más de 30 agresiones hacia periodistas y defensores de derechos humanos, de los cuales solo el 60 por ciento formalizó su denuncia a través del ministerio público, así lo informó Jhenny Judith Bernal Arellano.
La directora de este instituto precisó que en la mayoría de los casos que se abstienen a denunciar es debido a la burocracia que existe para realizar el procedimiento y a que en algunos casos son agresiones menores que con un extrañamiento pueden ser resueltas.
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Aunque agregó que un último motivo es que la Fiscalía General del Estado actúa lento, estanca el caso o simplemente le da “carpetazo”, por lo que la justicia a la que tiene derecho la víctima ya no llega.
“Del total es un 60 por ciento, el problema es que luego la denuncia se estanca”.
-¿Dónde se estanca, directora?
“En procuraduría, en Fiscalía”, comentó.
En cuanto a quienes son los presuntos agresores, Bernal Arellano precisó que el 50 por ciento son servidores públicos, de los cuales la mayoría son elementos adscritos a alguna institución de seguridad de cualquiera de los tres niveles, le siguen presidentes municipales, diputados y, finalmente, se suman secretarios de alguna dependencia de gobierno del estado.
El otro 50 por ciento son civiles y es en este rubro es donde entran personas que se dedican a alguna actividad ilícita, es decir, el crimen organizado.
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