Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, confirmó que desde el organismo que representa, ya se encuentran listos para llevar a cabo la audiencia inicial en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina y el apoderado legal, Robespierre Lizárraga, el próximo viernes.
¡Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram! La información más relevante de lo que acontece en Sinaloa, México y el mundo está en Los Noticieristas
Aseguró que en la carpeta de investigación con la que se cuenta en estos momentos, existen datos de prueba como facturas y entrevistas diversas que hacen suponer que se puede lograr la vinculación a proceso a las autoridades universitarias involucradas.
“Hay muchos documentos, están muchas facturas, muchas entrevistas realizadas a las personas que intervinieron en los supuestos contratos, tenemos mucho material.
¿Van a vincular?
-Por supuesto que sí, esa es la idea, por eso solicitamos la audiencia”, precisó.
Sostuvo que de lograr la vinculación a proceso, habrán de analizar las medidas cautelares para poder desarrollar un proceso judicial oportuno.
Quiñónez Estrada descartó que habrán de solicitar la destitución del rector Jesús Madueña Molina, pues el único interés de esta investigación es aclarar las cosas, conforme a la ley.
Nota relacionada: ¡Será antes! Este viernes 14 de julio el rector de la UAS estará ante un Juez
“Vamos a proponer medidas, que no salgan al extranjero, podría ser.
¿Van a buscar la destitución?
-No estamos en un plan de ataque nosotros, estamos en un plan de aclarar los hechos, nada más”, mencionó.
Es importante precisar que se trata de la judicialización de la causa penal 858/2023 por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio del servicio público, contra el rector y el representante legal y/o apoderado legal de la Casa Rosalina, Robespierre Lizárraga.
La otra audiencia inicial es la programada para el viernes 21 de julio en contra del rector de la UAS, Jesús Madueña, el exrector Juan Eulogio Guerra Liera y exfuncionarios de la UAS por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública por la supuesta compra de tortillas por 18 mdp en pandemia.
