Culiacán, Sin.- Tras una atropellada reapertura de audiencia inicial en contra de el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, el exrector, Juan Eulogio Guerra Liera y funcionarios que conforman el comité de adquisiciones, el juez determinó de legal la formulación de imputación a los señalados.
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En la apertura del ejercicio judicial, bajo la causa penal 836/2023, (el cual ya había sido diferido en tres ocasiones) están siendo investigados Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez, Ismael García Castro, Norma Alicia Aguilar Navarro, Manuel de Jesús Lara Salazar y Óscar Orlando Guadrón por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
En tanto que a Jesús Madueña Molina, y el exrector, Juan Eulogio Guerra Liera, se les aperturó la investigación bajo la misma causa penal, pero por el delito de Ejercicio Indebido de la Función Pública; Se busca esclarecer compras por tortillas, tostadas, totopos, tortillas de harina y nixtamal durante los años 2020, 2021 y 2022 por una cantidad de 45 millones, 526 mil 180 pesos.
De acuerdo con la exposición de datos de prueba, que reveló el representante de Fiscalía, se cuenta un basto número comprobantes de pago emitidos por las autoridades financieras de la UAS a un mismo proveedor identificado como Sergio Cháirez Monárrez, propietario de las tortillerías ‘Chamonos’, las cuales son proveedoras de tortillas de las casas del estudiante de la UAS desde hace 24 años, cuando el negocio pertenecía a otro familiar.
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Es importante precisar que al retomar la apertura de la audiencia, los abogados defensores de cada uno de los computados solicitaron que de nueva cuenta, esta se difiriera.
Ello con fundamento en que apenas la tarde de este martes 12 de septiembre, cerca de las 7 de la tarde, el representante legal de Salvador Pérez, uno de los señalados, entregó a los agentes de Ministerio Público un paquete de mil 599 fojas, cuyo contenido eran facturas no canceladas que tiene que ver con los pagos de la UAS a su proveedor de tortillas, y con ello, señalaban los defensores, tenían que tener tiempo razonable para imponerse del contenido de los documentos.
En su respuesta, el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Álvarez Armenta, argumentó que efectivamente habían pasado apenas horas de que recibieron dichos documentos, sin embargo, estaban fechados los días 17 y 18 de agosto, subrayando que esta audiencia fue diferida el día 21 del mismo mes, es decir, ya tenían casi cinco días con esos documentos cuando se extendió el plazo del ejercicio judicial y esperaron a que se llegara la nueva fecha para presentarla ante el MP, considerando así, que se trataba de una técnica dilatoria más, de parte de los representantes legales de las autoridades universitarias para volver a diferir la audiencia.
En instantes más información.
