Culiacán, Sin.- Debido a que la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha negado en repetidas ocasiones emitir la información sobre el manejo de los recursos públicos que maneja, desde el 2021 se ha estado intentando establecer negociaciones con las autoridades universitarias, pero se han negado, es por eso que la Ceaip está trabajando en un proyecto para interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, informó José Luis Moreno López.
El comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública comentó que desde la revisión que hicieron en el 2021 encontraron irregularidades que fueron señaladas a la UAS, y en lo que llevan de revisión del 2022 han detectado las mismas fallas, las cuales no han sido solventadas, sin embargo, recibieron un amparo por parte de la Universidad, por lo que tendrán que hacer todo el proceso de recaudación de datos de nueva cuenta, ya que también enfrentan la situación incierta sobre el rector.
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“La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene problemas también de transparentar lo que está ejerciendo, ahorita tenemos un amparo con ellos; el último acuerdo que tomamos fue mandárselo directamente al rector, que ahorita pues ya está en suspenso también él, entonces vamos a volver a empezar y hacer el expediente correspondiente y también turnar a otra autoridad que, en este caso, podría ser la Fiscalía; si no quieren actuar por la vía civil, por la vía administrativa, pues lo tenemos qué hacer a otro nivel”, indicó.
Moreno López mencionó que otro ente que está en esta misma postura, de negarse a transparentar sus recursos, es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el cual ha tramitado tres amparos para evitar que sean revisados, aun y cuando en la misma Secretaría de Administración y Finanzas está publicada la asignación de presupuestos para el funcionamiento de los centros de atención infantil y el de capacitación.
“Del Stase, tenemos ahorita nosotros alrededor de tres amparos para no informar acerca de los recursos y cómo lo está ejerciendo; en este año, porque le hemos ordenado que entregue la información sobre cómo está ejerciendo el recurso en los centros de atención infantil, del centro de capacitación que ellos tienen, del ejercicio de otro tipo de recursos que están perfectamente transparentado por la Secretaría de Administración y Finanzas”, precisó.
El comisionado agregó que están analizando cada uno de los casos para proceder legalmente en contra de las dependencias que reciben recursos públicos y se han negado a rendir cuentas, ya que, si no lo quieren hacer por la vía administrativa, tendrán que hacerlo por la vía penal.
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