Juan Carlos Álvarez Ortega
Juan Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa . Foto: Lucy Luna.

Culiacán, Sin.- Aunque no se ha registrado un incremento considerable en los casos de violación a los derechos humanos de sinaloenses, la CEDH ha ofrecido más de 2 mil 600 atenciones, en las que destacan las quejas en contra de dependencias de seguridad y procuración de justicia, informó Juan Carlos Álvarez Ortega.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa dijo, que de estas quejas se han recibido, han tenido que emitir 10 recomendaciones a diversas dependencias señaladas, entre las que destacó al Ayuntamiento de Mazatlán y la Fiscalía General del Estado, ya que dichas quejas han sido por temas de seguridad pública y procuración de justicia.

“Son alrededor de 2 mil 600, entre quejas, orientaciones, acompañamiento; las que han recibido más quejas son autoridades municipales, de Seguridad Pública, también Estatales y de Procuración de Justicia; han sido hasta el momento, 10 recomendaciones, las que hemos emitido, y están en proceso otras. Han sido dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán, a la Fiscalía General del Estado, entre otros”, indicó.

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Álvarez Ortega comentó que, en el caso de quejas en contra de las fuerzas armadas, le han dado seguimiento a ocho casos en lo que va del año, los cuales han sido canalizados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que ese tipo de hechos, no son competencia estatal, sin embargo, las víctimas han recibido la atención y la orientación pertinente.

“De las fuerzas militares, nosotros no somos competentes propiamente, sin embargo, recibimos las quejas y las turnamos a la Comisión Nacional en este renglón; en lo que va de enero a septiembre, han sido alrededor de unas ocho quejas que se han presentado en contra de elementos de Sedena”, precisó.

Añadió que de esos casos que han atendido en contra de las fuerzas armadas, como la Sedena y la Marina, las quejas han sido porque los elementos se han introducido a viviendas sin ninguna orden judicial, o han sido señalados por involucrarse en hechos de violencia.

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