Culiacán, Sin.- Un grupo de peritos de la Fiscalía General del Estado acudió este martes al Congreso del Estado, a buscar un acercamiento con los diputados, para solicitarles que se contemple en el presupuesto de egresos del próximo año, el recurso que hace falta para completar la homologación de los salarios de 180 personas.
Juan Carlos Jiménez, perito en balística forense, quien encabezó este grupo, detalló que la diferencia del salario entre ellos y los peritos en medicina forense, es de casi 3 mil pesos, por lo que se requieren 8 millones de pesos, para que la Fiscalía pueda establecer la homologación de los sueldos, ya que todos merecen ganar igual, por ser la misma plaza.
“Nosotros somos peritos de Fiscalía General del Estado, tenemos, alrededor, desde 2021, gestionando una homologación salarial, aún falta un pequeño paso para llevar a cabo la homologación; entonces, la idea ahorita es generar voluntad, un acuerdo con el Congreso del Estado, en este caso, con los diputados, para que se genere un etiquetamiento de recurso. Son alrededor de 8 millones, una diferencia salarial de unos 2 mil 600, 3 mil pesos, aproximadamente. Son 180 peritos”, indicó.
El perito explicó que, desde el 2021, que llegó la Sara Bruna Quiñónez Estrada a la Fiscalía General del Estado, se ha estado trabajando para lograr esta homologación, ya que, en ese momento, se requerían, al menos 21 millones de pesos, sin embargo, a pesar de estos avances, todavía hay una diferencia que necesitan que se cubra.
“En el caso particular, y la diferencia que hay, es el motivo por el cual dio origen a esta parte, es que los peritos médicos, es decir, los peritos en medicina forense, desde hace años, vienen percibiendo un sueldo mensual mucho mayor al de nosotros; entonces, a raíz de eso, como existe la misma plaza, debemos demandar igual, la ley dice, a trabajos iguales, sueldos iguales”, precisó.
Agregó que la asistencia de este grupo de peritos al Congreso fue en plan de acercamiento con los diputados, y no de una manifestación, ya que han encontrado apertura y voluntad de los legisladores para atender la demanda.
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