Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, separado temporalmente de su cargo, Jesús Madueña Molina, y los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio, por la supuesta compra ilegal de más de 27.5 millones de pesos en material de electricidad, plomería y materiales diversos de construcción.
SOLICITUD A VINCULACIÓN
De acuerdo con la información vertida por la Fiscalía, la Casa Rosalina habría adquirido 11 millones 182 mil 708.64 en materiales de electricidad, plomería y construcción durante el periodo de 2021, y 16 millones 464 mil 631.33 pesos en 2022, esto para realizar trabajos de mantenimiento en diversas unidades académicas.
Estas compras se realizaron a la empresa Especialistas Comerciales del Noroeste de México, perteneciente al Corporativo Cuadras, del apoderado legal César Abraham Cuadras López, al que también adquirieron más de 118 millones de pesos en equipo de cómputo.
La Fiscalía denunció que estas adquisiciones se realizaron por adjudicación directa, superando los montos indicados por la ley, lo que afecta al servicio público y causa un perjuicio grave al patrimonio de la UAS, al no garantizarse las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento.
Los fiscales señalaron que se cuenta con 926 comprobantes fiscales correspondientes a 2021 y de mil 540 más de 2022.
Señalaron que los pagos de estas compras se hicieron de la cuenta en que la que la UAS recibe recursos del estado.
La Fiscalía aportó como prueba declaraciones testimoniales del representante legal y empleados de la empresa Especialistas Comerciales del Noroeste de México.
LA DEFENSA
La defensa de los imputados alegó que la UAS no es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa y no forma parte de la administración pública, por lo que los imputados no eran funcionarios públicos y no podían ser juzgados como tal.
Argumentó que el recurso que recibieron del Gobierno del Estado era recurso de participaciones federales y no estatales, por lo que el juez en turno ni la Fiscalía General del Estado eran órganos competentes para resolver esta situación. Señalaron que era la Auditoría Superior de la Federación la facultada para auditar este recurso, proceso que ya se llevó a cabo y no encontraron irregularidades.
Señalaron que la Fiscalía no individualizó los conceptos y montos de las compras, aún cuando los abogados de los imputados lo solicitaron, ya que de esta manera las cantidades pagadas eran menores al máximo permitido para comprar de manera directa.
Por último, denunciaron que la Fiscalía en ningún momento mostró una prueba fehaciente y contundente en la que se pruebe que fue el Comité de Adquisiciones quien realizó las compras.
LA RESOLUCIÓN
Tras la discusión, el juez de control Carlos Alberto Herrera vinculó a proceso a los imputados y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaría.
Por último, dictó como medidas cautelares la firma periódica para los imputados y que estos no pudieran salir del país sin un permiso; además, la separación temporal del cargo de Jesús Madueña Molina, Soila Maribel Gaxiola Camacho y Jorge Pérez Rubio.
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